Impulsan una modificación porque la actual regulación no garantiza la debida prestación de los servicios, según opinan los empresarios y autoridades locales. Trabajan en una propuesta.
En una reunión especial convocada por la comisión de Turismo del Deliberante distintas entidades empresariales coincidieron en que "la intención de la nueva ley es buena pero de cumplimiento imposible" y solicitaron una adecuación urgente para evitar un deterioro mayor del mercado estudiantil. Los reclamos fueron registrados con atención por el diputado nacional Julio Accavallo, quien se comprometió a impulsar las modificaciones necesarias.
La certificaciones exigidas a operadoras y prestadores por la nueva ley estuvieron en el centro de los cuestionamientos por su dudosa validez y la cobertura que dan a eventuales manejos monopólicos.
El titular de ATEBA, Daniel García, señaló que "algo está mal si las certificaciones generan condiciones para que algunos prestadores vendan sus producto por imposición".
Por su parte el responsable local de Setur, Jorge Batica, advirtió que "los certificados solo sirven para proteger a las grandes empresas y cortar el acceso a las más chicas" y que no garantizan la prestación del servicio contratado. "Esta ley es bastante funcional a muchas cosas, las certificaciones se consiguen por medios no convencionales y me atrevo a decir que más del 90 por ciento fueron forzadas" dijo Batica.
Los vicios de la nueva legislación fueron constatados a raíz del sistema de comercialización impuesto por la discotecas locales, que obliga a los operadores a adquirir un mínimo de cinco noches. Pero el manejo de los empresarios de la noche se transformó en una anécdota menor frente al conflicto en puertas que vaticina la caída de Lapa que vendió centenares de paquetes estudiantiles con la certificación exigida por la ley.
"Todo el peso de la ley recae sobre (los empresarios y prestadores) de Bariloche pero no se exigen iguales garantías ni controles sobre las agencias que comercializan los paquetes en Buenos Aires" enfatizó Martín Olabarría, representante de Turisur SRL.
Otro de los aspectos de la ley que generó gran preocupación es el inevitable encarecimiento de los servicios de salud que provocará la intermediación impuesta por el nuevo marco regulatorio. La reglamentación de la ley exige a las agencia de turismo estudiantil la adquisición de un seguro de salud nacional y prohíbe expresamente contratar en forma directa con las clínicas o sanatorios del destino al cual viajan los contingentes.
Los presentes acordaron trabajar con celeridad en una propuesta integral de modificación antes de convocar a las autoridades nacionales para requerirles la adecuación de la normativa.
Complejo panorama para esta temporada
La atomización producida en el mercado estudiantil producida por la caída de las grandes operadoras nacionales exige una estricta regulación para evitar la multiplicación de conflictos que en años anteriores afectaron la imagen turística de la ciudad.
Con el objetivo de prevenir posibles perjuicios los empresarios locales reclamaron una urgente adecuación de las ordenanzas municipales para ejercer una regulación efectiva sobre las agencias que venden los paquetes estudiantiles.
"La atomización de la comercialización dio paso a la oferta de 200 pequeñas empresas y esta diversificación va a traer una demanda desorganizada que si no se controla adecuadamente no va a generar los mismos problemas que teníamos en 1985", advirtió Jorge Batica.
Los prestadores locales quieren que se obligue a las operadoras nacionales a contar con una agencia receptiva local que se responsabilice por la prestación de los servicios contratados, tal como lo preveía el proyecto original que fue modificado previo a su sanción. "Al ser modificada la ordenanza municipal de turismo estudiantil quedó con vicios evidentes que generan problemas de fiscalización y pérdida de puestos de trabajo", aseguró Batica.
El reclamo fue bien recibido por los concejales que propusieron coordinar las modificaciones de la legislación municipal y la nacional en un trabajo conjunto para evitar contradicciones y superposiciones normativas. (AB)
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