jueves 19 de junio de 2003

Corta vida para la "paz social" con los municipales

NEUQUEN (AN).- La tregua entre el municipio neuquino y el personal de servicios públicos duró menos de 24 horas y complica el accionar del gobierno local, en momentos en que se abre un segundo frente de conflicto. Es que ayer, el subsecretario de Gobierno, Fabián Pelliza, advirtió la caída inminente de beneficiarios del Plan jefas y jefes de hogar que no contrapresten servicios a la municipalidad.

La amenaza del funcionario pronostica una baja significativa de beneficiarios, que sin los controles prometidos se ubica en un promedio de 50 al mes.

La caída provocará reacciones que se acoplarán a las medidas del personal municipal afectado al área de servicios públicos, que rechazó ayer en asamblea el acuerdo de "paz social". La versión de que el intendente tiene a la firma un decreto para descontar los días no trabajados reactivó la retención de tareas.

La asamblea, según su secretario general Luis Martínez, adujo "incumplimiento inmediato del acuerdo por parte del Ejecutivo Municipal, al pedir un cuarto intermedio hasta el lunes para analizar la documentación supuestamente probatoria de la entrega de los elementos de seguridad".

Martínez indicó que radicará hoy la denuncia en el ámbito de la cartera de Trabajo. También adelantó que el gremio reclamará una auditoría para verificar el estado de seguridad del parque vial liviano y pesado de la comuna.

"No pasa la revisión técnica obligatoria", afirmó, y adujo que en general "presenta graves deficiencias en el sistema de frenos".

De este modo quedó desarticulada el acta acuerdo celebrada el martes entre el municipio y el gremio, que pareció poner punto final a un conflicto que llevaba más de 10 días resintiendo las tareas operativas en la ciudad.

Las medidas de fuerza de los municipales corren el riesgo de enrarecer el plan del gobierno de bajar a jefas y jefes de hogar, si no contraprestan servicios, en función de que la mayoría de esas familias sobreviven con ese ingreso. Del año pasado al actual, los beneficiarios pasaron de 800 a 8.400, un fenómeno que marca la crisis y la falta de trabajo genuino.

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