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Domingo 15 de junio de 2003 | |
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Al pan, pan... |
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| Los eufemismos son recurso frecuente. En algunos medios, por caso, aún se evita informar de un fallecimiento por cáncer, convirtiendo al difunto en "víctima de una larga y penosa enfermedad". Hay en los eufemismos una convención implícita y compartida, que permite el sobreentendido. Pero esa condición promueve confusiones, a veces intencionales. En San Martín se ha disparado una polémica por el Plan Jefes para desocupados, que arrastra a otros programas similares. Se trata de personas que cobran el plan nacional y otros municipales, o son monotributistas en el estado, lo cual está prohibido por el decreto de aplicación. La denuncia del Consejo Consultivo local del Plan Jefes apunta a la supuesta discrecionalidad de la secretaria de Acción Social, Brunilda Rebolledo, con suspicacias de clientelismo que la funcionaria niega indignada. Ahora bien, detrás de esta puesta en escena hay un asunto poco explorado aunque obvio, que favorece la difusa línea con el maridaje político. Por su diseño y uso, los planes para desempleados que buscan generar trabajo por contraprestación, así como los aportes para capacitación laboral, son en verdad subsidios que fomentan sospechas, labor en negro en la administración pública, y distorsiones en el mercado privado. El Plan Jefes dispensa 150 pesos a quienes se capaciten, realicen labores comunitarias, acometan proyectos productivos, o se inserten como empleados privados, en tal caso como aporte al empleador. Desde su lanzamiento no ha habido en San Martín un solo caso de beneficiario que se haya incorporado al sector privado. En buena medida ha sido así por los vaivenes del mercado, pero también porque el plan obliga al blanqueo, que es exigible pero costoso para las pymes y empresas familiares, abundantes aquí. Al mismo tiempo, muchos beneficiarios se guardan de informar la obtención de trabajo por temor a perder el plan, pues saben de la precariedad del conchabo. Hay pliegues políticos que se aprovechan de esa situación, y aseguran clientela apenas con deslizar un guiño cómplice. Los que contraprestan en el estado, a su turno, no tienen aportes sociales a pesar de que realizan un trabajo. Algo similar ocurre con el plan municipal de capacitación laboral, que funge como trabajo en negro o subsidio a personas en riesgo social, cuya necesidad está más allá de una beca para aprender oficios. ¿Acaso es razonable que una persona reciba un aporte para capacitarse por más de un año en la mesa de entradas de una dependencia municipal?. Lo que se ha creado entonces es un puesto de empleo público precarizado: monedas por sueldo, sin aportes previsionales ni obra social. Para sostener al desocupado sería más transparente y menos distorsivo otorgarle un subsidio liso y llano, con el único requisito de confirmar todos los meses -control mediante- que busca trabajo en el sector privado y no lo consigue. La medida podría ir acompañada de mecanismos promocionales para ayudar a que el empleador privado demande trabajadores, y no el estado como pagador en negro y encima con plantillas propias sobredimensionadas y en parte ociosas. Asimismo, nada de malo hay en subsidiar la capacitación laboral, la promoción de personas con objetivos solidarios o en riesgo social, si se asiste eso y no otra cosa. El subsidio por desempleo sólo debería promover la incorporación al mercado privado, donde es más difícil colocar "punteros" o cobrar favores políticos a los desesperados. Llamar pan al pan, suele ser el mejor modo de evitar confusiones... Fernando Bravo |
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