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El Estado rionegrino controlará escuelas privadas
La provincia puso la mira en las escuelas privadas y en la Ley de Educación sumará un capítulo dedicado a esta cuestión. Por ejemplo, establece para las escuelas públicas de gestión privada que no podrán excluir a los que no paguen.
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| Los aportes de padres para las escuelas públicas de gestión privada sólo podrán ser voluntarios. |
La Legislatura incorporará en la ley de Educación un capítulo especial para las escuelas privadas y el Estado rionegrino a partir del año próximo supervisará su funcionamiento, incluyendo sanciones por incumplimientos.
Por ejemplo, las escuelas públicas de gestión privada -con aporte estatal- "no podrán excluir a los alumnos cuyos padres no cumplan con la contribución voluntaria".
Actualmente, no existe legislación que regule a las 135 escuelas privadas en Río Negro. Esos establecimientos -con aportes o no del Estado- concentran más de 27 mil estudiantes.
La comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social incorporó las últimas modificaciones y elevó el proyecto que agrega un nuevo título a la Ley Orgánica de Educación. El apartado está dedicado a la Educación de Gestión Privada y regula aspectos de la actividad no comprendidos en aquella ley educativa.
La presidenta de la comisión, María Inés García, explicó a "Río Negro" que se pretende su tratamiento en lo que queda del año y así su aplicación en el ciclo escolar 2003 La iniciativa parlamentaria clasifica esos establecimientos educativos, como también regula la cooperación financiera del Estado, las contribuciones voluntarias de los padres, las características de los propietarios, y los derechos y obligaciones.
En Río Negro la educación privada atiende actualmente a 27.368 alumnos, que se distribuyen así: 23.435 en establecimientos de gestión privada y 3.933 en privados arancelados. Así, un 17 por ciento de la matrícula de Río Negro corresponde a estos establecimientos.
Ese porcentaje era similar en 1999, pero desde entonces se advirtió un fuerte crecimiento en las escuelas públicas de gestión privada, pasando de 15.482 a 23.435 estudiantes. Casi 8000 alumnos más o un alza superior al 51 por ciento. En cambio, la matricula de las escuelas con arancelamiento disminuyó de 9.934 de 1999 a los actuales 3.933 estudiantes, 6.000 alumnos menos o una caída del 60 por ciento.
El proyecto de regulación clasifica a los establecimientos según la educación que ofrecen: comprendidos y no en el sistema educativo provincial. Los primeros se subdividen según perciban o no aranceles en "escuelas públicas de gestión privada sin fines de lucro" y "privados arancelados". Así, la iniciativa ratifica que el Estado "sólo cooperará financieramente al funcionamiento de los establecimientos públicos de gestión privada" Los mismos "podrán percibir una contribución voluntaria por parte de los padres para solventar los costos no subvencionados y gastos mínimos de funcionamiento". Sin embargo, esos establecimientos "no pueden excluir a los alumnos cuyos padres no cumplan con la contribución" y su incumplimiento es motivo de sanción. También se prevé la inscripción de un registro de las escuelas públicas de gestión privada y de las privadas aranceladas. (AV)
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No existe normativa en la actualidad
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