Viernes 13 de junio de 2003
		La CEB perdió 10 millones en "negocios ajenos"
		Lo reveló el informe de la comisión legislativa. Dice que persisten contratos perjudiciales.
		El legislador Medvedev encabezó la comisión investigadora en la CEB. VIEDMA (AV).- Un importante cúmulo de irregularidades en el funcionamiento de la Cooperativa de Electricidad Bariloche fueron detectadas por la comisión investigadora de la Legislatura. Estimó deudas por 27 millones de pesos y las pérdidas por "incursionar en actividades ajenas" en más de 10 millones. En su análisis, la comisión pidió la intervención del Procurador General de la Justicia y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El informe fue hecho público ayer en la sesión legislativa y presentado por el presidente de la comisión, el barilochense Roberto Medvedev. Advirtió que las sociedades vinculadas a la cooperativa pusieron "en riesgo la normal prestación del servicio eléctrico en Bariloche", comprometiendo el patrimonio del CEB y se "vio reflejado en el alto cos-to de la tarifa eléctrica que fija a los usuarios". La comisión la integraron Medvedev, Juan Bolonci, Hugo Castañón, Miguel Saiz y Javier Iud. En el recinto, Bolonci agre-gó reflexiones propias, pero siempre en respaldo de las conclusiones. El informe elevado a Labor Parlamentaria consta de 114 páginas más 4 tomos de documentación. Así, informó que la deuda de la CEB al 30 de junio del año pasado era de 27 millones y estimó que "la pérdida total por incursionar en actividades ajenas a su objeto" llega a 10.337.000 pesos. "Resulta -explicó- de la suma de lo que hubiera ganado más lo que perdió, calculando entre los años 1996 y 2002". Además, la comisión advirtió que los organismos de supervisión -Dirección de Cooperativas y el Ente Provincial de Energía- actuaron "en forma reticente con ciertas cuestiones que escaparon al control que les compete". En otra parte, los legisladores cuestionaron que los registros contables "no ayudaron a reflejar la real situación", como también, que "los numerosos contratos no reúnen las exigencias y presentan serias irregularidades". Agregó que "muchos de ellos implican un alto costo y no se encuentra justificativo válido para mantener su viabilidad". También mencionó que la nueva conducción de la CEB no rescindió algunos de esos contratos y mantiene ese "perjuicio económico". El informe observó violacio-nes a la Ley de Cooperativas Nº 20.337, a libros de actas de asambleas, en la fiscalización privada y las reglamentaciones internas. Se constató la existencia de "confusión patrimonial" que en las sociedades anónimas constituidas "el único socio resulta ser la CEB". Además, la misma se "apartó de su objeto social al aventurarse en iniciativas de carácter económico, financiero y de servicios, que lejos están de haber tendido al mejoramiento social y económico de sus asociados y de la comunidad". Insistió en que "dichos emprendimientos no respondieron a requerimientos probados y fundados de la sociedad sino que fueron producto de decisiones de la conducción de la propia cooperativa". La comisión determinó que el entonces presidente Leonardo De Ferrariis fue beneficiado con un aumento salarial del 62% pero la decisión no fue aprobada por la asamblea de la entidad. En esas decisiones, la comisión entendió que "se dejó de la-do el estatuto social, la Ley de Cooperativas y cualquier otra reglamentación que pretendía encasillar la acción de los consejeros, las decisiones fueron tomadas en forma personal por el presidente, director ejecutivo o por la coordinación general". Críticas a los controles Un dato que despertó la curiosidad de los legisladores fue que en los registros contables figuran gastos supuestamente efectuados por las autoridades de contralor. Se comprobó que se abonaron pasajes aéreos en favor del Oscar Rathmann, director de Cooperativas de la provincia y de Rubén Asis, veedor de la Nación. La investigación expresó que el artículo 6º de la Ley de Cooperativas prevé la prohibición de que estas entidades puedan transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles y funcionaron como "una transformación encubierta". Apuntó que en 1999 -en Chile- se constituyó la Sociedad Ingeniería y Servicios Chile S.A. y fue otorgada una garantía de 100.000 dólares que "si bien figura contabilizada en los libros de Ingeniería y Servicios Bariloche, "aún no fue recuperada". Se enumeraron violaciones al estatuto cooperativista e irregularidades en cuanto al control que debieran ejercer las autoridades de aplicación. En este sentido se insistió en que no hubo objeciones por parte de la Dirección de Cooperativas o el órgano similar nacional. Con respecto al Ente Provincial Regulador de la Electricidad se señaló que, como órgano de contralor en lo relacionado con la prestación del servicio público, se constató que autorizó la aplicación de una tarifa considerablemente superior a la que correspondía. Convalidó la aplicación de "un Cuadro de Corrección Tarifaria sin ninguna justificación técnica, no detectó la existencia de un doble Libro de Quejas, de hipotecas que gravaban los bienes de la distribuidora directamente afectados al servicio público de distribución de energía y tampoco la adulteración de los medidores en perjuicio de los usuarios". (AV) Falta de documentación y beneficios El informe consigna que otro inconveniente lo representó el hecho de que las actuales autoridades de la cooperativa asumieron sin practicar un inventario físico de los bienes. Ello trajo como resultado que algunas presuntas irregularidades no pudieron ser comprobadas por carecerse de la documentación. La comisión también cuestiona beneficios para algunas personas. Por caso, al actual intendente de Bariloche, Alberto Icare se le mantuvieron los aportes a una obra social privada mientras durara su cargo de concejal y, por ende, su licencia sin goce de haberes como empleado de la CEB. La decisión no fue comunicada al Consejo de Administración ni existe constancia de por quién o quié- nes fue tomada, al no haber Libro de Actas. Tampoco existe constancia del acuerdo para la designación de una "coordinadora general". Este cargo recayó en la esposa del entonces presidente de la entidad, y con una remuneración mensual superior a cualquier otro director. La coordinadora cobró casi 6.000 pesos por mes y el presidente percibía unos 7.000 pesos. El informe interpreta que estas remuneraciones superan ampliamente las asignadas al cargo de Juez de Primera Instancia Provincial, salvando la diferencia de responsabilidades. En oportunidad del recambio de autoridades de la CEB, la coordinadora se consideró "autodespedida" por lo que inició una demanda laboral por una cifra superior a los 200.000 pesos, solicitando el pago del subsidio por desempleo, dice el informe (AV) Nueva legisladora Vita Bucci Laneve asumió como legisladora de la bancada justicialista. La dirigente viedmense ocupa la banca del recientemente fallecido Rubén Giménez. Antes del juramento, se cumplió una sesión de homenaje en memoria del médico viedmense, oportunidad en la que hablaron José Zgaib, Eduardo Chironi, Regina Kluz, Guillermo Grosvald, Fernando Chironi, Juan Muñoz, Eduardo Rosso, Edgardo Corvalán, Sigifredo Ibáñez, Eve Adarraga y Javier Iud. Bucci nació el 13 de febrero de 1946 en Taranto (Italia) y es argentina naturalizada. Actualmente, es empleada administrativa en el Departamento Provincial de Aguas. Entre 1989 a 1991 fue titular del Tribunal de Cuentas del municipio de Viedma y fue asesora entre 1991 y 1993 en asuntos municipales del bloque de legisladores justicialistas. (AV)
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