Tal como se esperaba, Campos resultó absuelto

El mismo fallo fue para un secretario y un empresario.

El fiscal había declinado acusar a los imputados.

A Campos (tercero, de izq. a der.) le imputaban los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

ZAPALA (AZ).-La Cámara Multifueros de Zapala absolvió ayer al intendente de Junín de los Andes, Enrique Campos, en la causa por adulteración de documento público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público que se le seguía por la construcción del Museo y el Concejo Deliberante de esa localidad Como consecuencia de este fallo, también resultaron absueltos el titular de la Secretaría de Obras Públicas de la comuna, Diego Marcovesky, y el empresario de la construcción, Alejandro Fuentealba.

La decisión de los camaristas Víctor Hugo Martínez, Enrique Modina y Oscar Rodeiro se conoció ayer al mediodía.

El fiscal subrogante de Cámara, Oscar Raúl Domínguez, había declinado acusar a los implicados en el hecho argumentando que, si bien existieron "desprolijidades" en la contratación y el avance de la obra, esta conducta no podía encuadrarse dentro de lo tipificado por el Código Penal como fraude a la administración, adulteración de documentos, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes.

Durante su alegato, Domínguez había hecho pie en la pericia del contador oficial Eduardo Paponi, quien había señalado que "no se detectaban sobrecertificaciones" a lo largo del avance del emprendimiento. Al mismo tiempo, el fiscal apeló a la ampliación de la pericia efectuada por el ingeniero Raúl Cristaldi.

En principio, este perito había detectado sobrecertificaciones entre lo pagado por el municipio y lo presupuestado por la empresa de Fuentealba. Según este trabajo, sólo se deberían haber pagado 2747 pesos contra los 14.000 que se abonaron hasta la suspensión de la obra en 1998. Sin embargo, cuando Cristaldi sumó en una segunda etapa otros ítems se descubrió que la relación entre pagos y presupuesto era razonable "No hubo posibilidad de perjuicio en el cambio de la fecha de los certificados de la obra", concluyó en aquel momento el fiscal.

Los defensores de los imputados coincidieron en líneas generales con lo argumentos esgrimidos por Domínguez a la hora de pedir la absolución de Campos, Marcovesky y Fuentealba.

El defensor de Campos, Rodolfo Rivarola, sostuvo en ese momento que "los pedidos de ampliaciones de obras pueden darse durante el desarrollo de las mismas".

La defensa de Marcovesky, a cargo de José María Díaz Villar, había calificado como "atinada" la decisión del fiscal de pedir la absolución de su cliente. La estrategia se sustentó en derrumbar los cargos que pesaban sobre Marcovesky, apelando a los dictámenes de los peritos intervinientes.

Miguel Valero, patrocinante del constructor Alejandro Fuentealba, consideró en su alegato que "el único perjudicado en este proceso fue el propio Fuentealba, que salió perdiendo porque se le achicaron los plazos para terminar el emprendimiento".