Exigen que la Justicia neuquina pague Ganancias

Es por la retención de la alícuota en los sueldos liquidados en 2001.

El TSJ dice que no hay empleados alcanzados por el impuesto.

Los sueldos de los jueces parecen ser el centro de un eterno conflicto en el TSJ.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reclama a la Justicia neuquina una deuda superior a los 900.000 pesos por no haber retenido, durante 2001, de los sueldos de sus funcionarios y empleados el impuesto a las Ganancias El Tribunal Superior de Justicia aduce que, además de que los jueces están exentos del tributo, la porción del sueldo de los empleados sobre el que se calcula el gravamen no llega al mínimo imponible.

La cifra del reclamo de la AFIP corresponde a 2001 y se duplica si se tiene en cuenta el año siguiente, pero el organismo recaudador nacional aún no avanzó sobre lo que la Justicia debería haber retenido de los salarios de sus empleados en 2002.

Este frente de conflicto (que no es nuevo) toma estado público una semana después de que se conociera un nuevo dolor de cabeza para las finanzas provinciales con el sueldo de los jueces como disparador: el fallo de la Corte Suprema que le reconoce a cuatro ex jueces y a las viudas de otros tres una deuda retroactiva de 3.600.000 de pesos (ver aparte).

El impuesto a las Ganancias grava, como su nombre lo indica, los ingresos de las personas físicas y jurídicas. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, la alícuota tiene una escala progresiva (del 6 al 35%), con un mínimo imponible que es un salario mensual de 1.600 pesos para el caso de un trabajador con una familia tipo.

En la Justicia neuquina prácticamente no hay funcionario que no perciba un salario superior a ese mínimo y entre los empleados abundan los que sobrepasan la cifra, pero desgranada en rubros y adicionales.

La versión 1996 de la ley del impuesto estableció que, en la esfera judicial, sólo los jueces están exentos de aportar. El espíritu es siempre el mismo: mantener intangibles los sueldos de los magistrados para evitar que las decisiones políticas presionen sobre sus decisiones.

Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional ese aspecto de la ley e interpretó que la exención a todos los funcionarios judiciales con salarios iguales o superiores a los de un juez de primera instancia.

Lo que la AFIP está reclamando (desde 1997, en realidad), con la resistencia del Tribunal Superior de Justicia, son los más de 900.000 pesos que deberían haber tributado en 2001 los fiscales y defensores de primera instancia, los secretarios de juzgados, demás funcionarios de baja jerarquía y, sobre todo, los empleados.

Lo primero que hizo la AFIP fue consultar si la cúpula del Poder Judicial se allanaba a la determinación del impuesto a las Ganancias sobre sus empleados.

El Tribunal Superior respondió que no y entonces el organismo nacional inició una determinación de oficio, en la que, de todos modos, el TSJ tuvo la posibilidad de hacer un descargo en el que reiteró que nadie en la Justicia neuquina está en condiciones de aportar a ese gravamen.

La AFIP hizo la determinación y llegó entonces a la cifra casi millonaria.

A grandes rasgos, hay dos aspectos por los que en la Justicia neuquina nadie tributa este impuesto:

*En diciembre de 1995 el Tribunal Superior de Justicia dispuso que el impuesto a las Ganancias se descuente a los agentes del Poder Judicial hasta la categoría de secretario de Cámara inclusive.

*Pero al año siguiente interpreta que "no son ingreso gravados para el impuesto a las Ganancias los percibidos en concepto de compensación funcional, permanencia en la categoría, zonas desfavorable, asignación especial no remunerativa (que ya no existe) y adicional por cargo", en consonancia con lo dispuesto por la Corte. Esta última decisión hizo que "ningún integrante del Poder Judicial de la provincia fuera contribuyente" del gravamen, según la información dada ayer desde el Tribunal Superior. (AC)

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Demasiados reclamos en tan poco tiempo

Desde que obtuvo autonomía financiera, a principios de la década del 90, el Poder Judicial neuquino enfrentó una serie de reclamos que le costaron millones de pesos a la provincia y a su caja previsional. Empezó en 1998 con 30 jueces y funcionarios que ganaron una demanda de 16 millones de dólares a la provincia por el daño que la inflación les hizo a sus ingresos intangibles y tuvo su último episodio la semana pasada, con una sentencia de la Corte Suprema que le reconoció a ex jueces una deuda de 3,6 millones de pesos por no haber incluido en sus jubilaciones el proporcional de un adicional que los activos cobraban "en negro".

La mayoría de las veces los conflictos fueron disparados por fallos del propio Tribunal Superior de Justicia y tuvieron como centro un adicional que entre 1991 y 2001 el Poder Judicial pagó a sus empleados con título universitario, sobre el que no se hicieron aportes ni se aplicaron bonificaciones.

Los primeros en protestar fueron los empleados, los que no tienen categoría de magistrado ni funcionario, porque dijeron que sus salarios estaban "enganchados" a los de los jueces y que ese adicional "en negro" debería haber tenido su correlato en sus haberes.

Luego, en 2000, el Tribunal Superior les reconoció a los jubilados de la Justicia el derecho a que ese adicional se tuviera en cuenta a la hora de calcular el haber jubilatorio, pero sin efectos retroactivos (que son los que acaba de permitir la Corte Suprema).

Como el blanqueo de esa suma adicional generaría una rebaja por la deducción de aportes, hubo que aumentarles el salario a los jueces para salvar el conflicto. Y también a los empleados.

Pero ello no evitó que 65 jueces y demás funcionarios judiciales demandaran al Estado neuquino para obtener del blanqueo de esa suma que se pagaba "en negro" un aumento salarial por efecto de la aplicación de bonificaciones. (AC)