Los estudios presentados en Diputados no contemplan el tratamiento de un yacimiento de uranio que quedará bajo el agua, ni soluciones para áreas de valor arqueológico y paleontológico.

Los frisos grabados en el paraje Paso de los Indios podrían verse afectados por la construcción de la nueva central hidroeléctrica.

NEUQUEN (AN).- Mientras el esquema de financiamiento del megaemprendimiento Chihuido II está en la mira de diputados del oficialismo y de la oposición, el impacto ambiental del proyecto también es una incógnita. El presidente de la comisión de Medio Ambiente, el legislador del Movimiento de Unidad, Eduardo Fuentes, advirtió que el grupo Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA) y Lagarde SA excluyó en los estudios preliminares de factibilidad de la obra el impacto sobre los yacimientos de uranio existentes en la zona y el "valioso patrimonio cultural" que quedará bajo las aguas del embalse.
Fuentes, con el acompañamiento de su compañero de bloque Orlando Rostán, observaron en un informe que el grupo inversor "en ningún momento" menciona en sus estudios "los yacimientos de uranio ubicados en la zona denominada área de los Chihuidos-Las Cárceles".
Según los diputados esos depósitos de uranio figuran en inventarios específicos de geología y recursos naturales del Neuquén. Consignaron que esa información, aunque haya sido relevada hace unos 30 años, constituye "la base o punto de partida de todo estudio geomorfológico".
Para Fuentes tampoco está asegurado el patrimonio arqueológico y paleontológico del área donde se levantará el complejo hidroeléctrico, a unos 50 kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul sobre el paraje Paso de los Indios.
Las dudas de los legisladores emergieron tras el análisis del estudio de impacto ambiental que realizó la consultora Tecnored ingeniería SRL y que la empresa IMPSA presentó semanas atrás en la Legislatura. En ese informe, la firma aclara que se trata de un estudio preliminar de impacto ambiental elaborado a nivel de anteproyecto detallado en función del marco legal vigente en la provincia.
Para Fuentes "la condición de preliminar y el concepto de anteproyecto detallado no están previstos en la normativa provincial ambiental". En consecuencia, consideran que se trata de sólo un borrador del estudio definitivo.
El jueves último los representantes del grupo privado desembarcaron en la Legislatura para defender el proyecto y explicar los aspectos económicos y las fases en que las que se ejecutará.
Dijeron que la información presentada sobre el impacto ambiental es preliminar y de alcances generales. Indicaron que los estudios de mayor profundidad están contemplados en la fase uno del emprendimiento.
El diputado del MPN, Jorge Tobares, recordó que esos estudios están presupuestados en 32 millones de dólares. Evaluó que Chihuido II tiene hasta el momento dos flancos débiles: el incierto esquema de financiamiento por parte de Nación y el desarrollo agroindustrial. Por eso, opinó que los estudios de impacto ambiental, geológicos, topográficos, sociales, entre otros tópicos, "son centrales para definir si el proyecto es factible".
Según los directivos de Pescarmona, la provincia aporta dos tercios de los 32 millones de dólares y la empresa el restante para esos estudios. Aunque en el contrato presentado por el Poder Ejecutivo de la provincia en la Cámara de Diputados hay una cláusula que establece que si el proyecto no es factible no habrá restitución de los recursos asignados por el Estado neuquino.
El estudio preliminar que elevó Pescarmona a la Cámara "sólo hace referencia a potenciales hallazgos arqueológicos y paleontológicos", según planteó Fuentes. "De acuerdo al relevamiento efectuado por la consultora no existiría patrimonio arqueológico, ni histórico, ni paleontológico que deba ser rescatado", concluye el legislador. En su opinión "es un grave error porque existen serios estudios realizados por docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue, y un informe de la dirección provincial de Turismo expresamente referido al área de embalse de Chihuido I y II, donde se establece -sin lugar a dudas- la existencia de un valioso patrimonio cultural que debe ser rescatado antes de que se construyan estas obras porque quedarán bajo la cota de ambos embalses". Y a modo de ejemplo, mencionó que en el paraje Paso de los Indios se encuentra una muestra de arte rupestre patagónico que tiene unos 500 años, las ruinas del fortín de los indios, y fósiles marinos y de dinosaurios.

Un financiamiento cargado de incertidumbre

NEUQUEN (AN).- En la visión del legislador del MPN, Jorge Tobares, el proyecto multipropósito Chihuido II tiene dos aspectos sin resolver. Por un lado, no está confirmado el aporte que el gobierno nacional debería asignar para la obra y, por el otro, el proyecto de desarrollo agroindustrial que aún no está consolidado.
Según el contrato que el Poder Ejecutivo presentó a la Legislatura para su aprobación, y que contiene las ecuaciones económicas de Pescarmona SA y Lagarde SA, la primera y segunda fase del proyecto cuestan 472 millones de dólares.
De ese monto, el Estado nacional aportará 220, la provincia 129 y los empresarios 123 millones de dólares respectivamente. Con el gobierno nacional se gestionan desde hace varias semanas atrás 103 millones de dólares. Los 117 millones restantes Pescarmona los quiere obtener a través de exenciones fiscales.
Tobares recordó que la primera fase consiste en los estudios de impacto ambiental cuyo monto asciende a 32 millones de dólares. Si esos informes confirman la viabilidad de Chihuido II, se inicia la segunda etapa que es el complejo hidroeléctrico que se edificará en un plazo de 4 años.
De los 472 millones de dólares, 372 se destinarán para la presa, el equipamiento hidráulico, el tendido de líneas y el sistema de riego y bombeo, entre otras prioridades. A esas partidas hay que sumarle otros 100 millones producto de los intereses de los créditos solicitados, y toda la carga impositiva.
La tercera fase, explicó Tobares, comienza a partir de que el complejo hidroeléctrico está terminado y en funcionamiento. Abarca desde ese momento hasta los 25 años de concesión que el grupo empresario controlará la central.
La firma estimó en el contrato que todos los costos de operación y mantenimiento, además de los impuestos nacionales del complejo hidroeléctrico y del proyecto agroindustrial por el tiempo que dura la concesión superan los 711 millones de dólares.
Tobares indicó que el contrato dice que el grupo tendría que tener en un plazo de 10 años 1.000 hectáreas bajo riego y en producción. De ese millar de hectáreas, observó, tiene que desarrollar 500 en 7 años, y sólo 100 estarán destinadas para viñedos, el resto para cultivos diversos.

La relocalización de 55 pobladores

NEUQUEN (AN).- El informe elaborado por el presidente de la comisión de Medio Ambiente, el diputado del Movimiento de Unidad (MU), Eduardo Fuentes, con el acompañamiento de su par Orlando Rostán, aborda, además, la relocalización de la población que está hoy asentada en la zona donde se proyecta construir la presa.
El documento consigna que la población potencialmente reubicable, según se desprende del informe presentado por Pescarmona SA, serían 40 personas en el Paraje de los Indios y 15 en el paraje El Mangrullo. El grupo inversor prevé desembolsar 750.000 dólares y 82.000 dólares para inversiones físicas y de gestión de desarrollo respectivamente.
Fuentes afirma que "se le ha dado poca trascendencia al tema porque no se ha realizado el correspondiente censo de donde surja no sólo la composición familiar, sino la matriz productiva de cada familia".
Respecto a los yacimientos de uranio en la zona, los diputados consignaron que la información oficial indica que el área Los Chihuidos-Las Cárceles "se la conoce como región radioactiva desde el comienzo de las tareas exploratorias de la provincia". Por eso, consideraron que "más allá de la mayor o menor potencialidad del mineral en cuanto a su radioactividad no puede desconocerse la solubilidad del uranio así como su toxicidad".