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Lunes 2 de junio de 2003 | |
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Muertos y degollados | |
| Las evidentes dificultades que tiene el Concejo Deliberante de Roca para desarrollar con efectividad y en tiempos prudenciales un proyecto de ordenanza parecen haber desequilibrado al Poder Ejecutivo que encabeza Ricardo Sarandría. Incluso existen temores, por ejemplo a perder un juicio por la lentitud de los ediles. Pero cuando impera el susto, cualquier acción nace con altas probabilidades de encontrar como punto final al fracaso. Durante la última semana en Roca quedaron a la vista los enconos de los encargados de administrar el rumbo de la ciudad. Una cuestión que semanas atrás pertenecía a la extensa lista de conflictos menores que deben resolverse en la función pública se transformó en el disparador de un enfrentamiento, sin reparos en el tenor de la declaraciones públicas, y del que muy difícilmente puedan volver atrás los poderes Ejecutivo y Legislativo. Una síntesis de los hechos encuentra de un lado al Deliberante prohibiendo la radicación de industrias en febrero por 60 días, prorrogando luego dos veces más la norma, primero por 10 y más tarde por 30 días. El argumento: aprovechar ese tiempo para definir y aprobar un proyecto de ordenanza que actualice la legislación vigente sobre la protección a la producción orgánica. Del otro lado, una empresa intentando abrir un aserradero, pero al lado de una chacra que no usa agroquímicos. A su favor alega que creará 90 puestos de trabajo y que las tareas estarán encuadradas bajo las normas internacionales, por lo cual no contaminarán el ambiente. Así las cosas, los emprendedores privados entienden que -vía el instrumento de las prórrogas- el Concejo está legislando para un particular (el dueño de la chacra) y no para toda la ciudad, tal cual su responsabilidad. En medio de todo el debate aparece, el lunes pasado, el veto de Sarandría. Entre diversas imputaciones, el intendente expresó que no está en sus planes "consentir actitudes que pongan en peligro el erario municipal". Político con trayectoria, el intendente sabía que no se trataba de una simple diferencia entre dos poderes del Estado. Su verbo en la notificación sobre el veto fue un guante al aire. Ocurre que del otro lado no encontró una mano para recogerlo. El desafío fue aceptado por los siete ediles que hoy están en funciones. Dejando de lado el debate jurídico ambiental sobre aserradero sí o aserradero no, bueno es analizar el hecho político desatado y sus eventuales consecuencias. Sarandría asombra a propios y extraños. Tiene la responsabilidad de conducir una ciudad con más de 80.000 habitantes, repleta de problemas crónicos. También debe velar por la armonía entre los tres poderes, que más allá de las variables ideológicas deben encaminar sus pasos en la misma dirección. Entonces cabe preguntarse de qué le valió la dureza del veto, logrando marcar un antes y un después en la relación Ejecutivo - Legislativo por un conflicto que globalmente es menor. Si la lentitud del Concejo y el riesgo de un juicio provocaron semejante reacción, razones hay para pensar que el barco no tiene en el timón la cuota de equilibrio que debe demostrar quien se precie de buen capitán. Ahora bien, los detractores del jefe comunal no descartan hipótesis cuando analizan las motivaciones del Ejecutivo para hacer una acérrima defensa de un proyecto, incluso rompiendo la paz con los ediles. Se habló del tema en la conferencia que el viernes dio el PJ, cuando un periodista preguntó a Alejandro Gorsky sobre la posibilidad de que un funcionario del gabinete esté relacionado con la operación inmobiliaria al sur de la ruta 22. "No me consta", respondió. Sin embargo, la consulta periodística no nació de la nada. El tema está dando vueltas y entre los concejales no faltan ganas de avanzar en esa investigación. Consideran llamativo que el Ejecutivo no aliente como solución la radicación del aserradero en el Parque Industrial, donde rigen beneficios impositivos. Hugo Alonso |
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