Van a la Justicia para revocar la concesión del Correo 12-6-03

Jueves 12 de junio de 2003

Van a la Justicia para revocar la concesión del Correo

BUENOS AIRES (DyN) - Tres legisladores nacionales pidieron a la Justicia "la revocatoria del contrato de concesión de Correo Argentino Sociedad Anónima (CASA)", empresa que opera en el servicio postal privatizado por el Estado.
Los legisladores denunciaron al concesionario de Correo Argentino por el presunto "vaciamiento del patrimonio mueble e inmueble del correo oficial, violación de las cláusulas del contrato de concesión, incumplimiento del plan de inversiones, y creciente deuda impositiva y previsional", entre otras presuntas irregularidades.
Los senadores Marta Raso (UCR-Chubut) y Gerardo Morales (Frente Cívico Jujeño) y el diputado José Vitar (ARI-Tucumán) presentaron ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal una "acción de defensa del consumidor", que apunta también al Estado Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Ante una consulta de DyN, fuentes del Correo Argentino dijeron que por ahora no emitirán opinión sobre el particular. Los legisladores justificaron la presentación en el supuesto "incumplimiento del pago del canon" de la concesionaria del servicio postal al Estado, y reclamaron una "resarcitoria por daños y perjuicios por los reiterados incumplimientos del contrato".
Además, denunciaron la presunta "responsabilidad de funcionarios públicos que no cumplieron con su rol de control" de las actividades del correo.
Los denunciantes se quejaron, además, por el "cierre de oficinas postales y telegráficas", pese a que -sostuvieron- el Correo Argentino no puede hacerlo pues le está "vedado por condiciones contractuales".
En ese sentido, advirtieron que la concesionaria del servicio postal "pretende cerrar o transformar en agencias postales a 700 oficinas en todo el territorio nacional".
En cuanto al supuesto "incumplimiento del Plan de Inversiones", recordaron que Correo Argentino está obligado por el contrato con el que opera el servicio "a invertir 25 millones de pesos por año". Los legisladores también reclaman a la concesionaria "el pago del canon adeudado por más de 600 millones de pesos, más todos los daños y perjuicios derivados de los incumplimientos en que incurrió conforme el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato de Concesión así como el resarcimiento económico al Estado".

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