En ese sentido recordó que es el Congreso de la Nación el "único poder" del Estado con facultades para eso.
"Lo que tiene que suceder de aquí en adelante con la Corte tiene que manejarse en el único poder que tiene atribuciones para poder dimensionar y medir lo que está sucediendo, llámese Cámara de Diputados para acusar y Cámara de Senadores para juzgar", dijo.
Fernández aclaró que "si hay casos excepcionales o casos puntuales que se tienen que mirar en esos términos debieran mirarse como la Constitución lo ordena". "Hay una decisión tomada (del Ejecutivo) de no meterse en esa situación. Si hay elementos para tener que analizarlos, tendrán que mirar eso y si se encuentran, acusar; y si no se encuentran, dar por terminada la situación", agregó.
Fernández sostuvo que como ministro del Interior no debe hacer "valoraciones" sobre los miembros de la Corte Suprema. "Como hombre puedo tener mi razonamiento personal que puede coincidir o no (con las consideraciones en contra de los magistrados), pero como ministro tengo la obligación de no opinar al respecto, de insistir que sea en términos de las reglas de la Constitución", completó en diálogo con radio América.
Por su parte, el jefe del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, José María Díaz Bancalari, pidió "ser prudentes y respetar los mecanismos constitucionales a rajatablas" en la investigación sobre el juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt, impulsada por la Comisión de Juicio Político.
El legislador sostuvo que hay que mantener esa conducta "para no fracasar, para no tener sorpresas ni tampoco para generar falsas expectativas".
A su vez, consideró que "lo peor que podemos hacer" en la cuestión "es dar una idea de revanchismo, de persecución o de mezclar distintos poderes, eso creo que no le hace bien a nadie".
A principios de la gestión de Eduardo Duhalde, cuando se analizaba la jubilación de la mayoría de los jueces de la Corte, el máximo tribunal firmó el fallo Smith, la primera sentencia en contra del corralito. Este año volvió a desafiar al gobierno cuando declaró inconstitucional la pesificación del millonario depósito que el gobierno de San Luis tenía en el Banco Nación. Los jueces del máximo tribunal tendrían la sospecha de que el presidente Kirchner planea la destitución de la mayoría de los miembros y la ubicación en ese lugar de hombres de su confianza.
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