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De boca de Kirchner y del nuevo ministro de Justicia, Gustavo Beliz, se escuchó con reiteración que el Gobierno "no pondrá obstáculos" a una decisión parlamentaria que coloque nuevamente a la Corte bajo un proceso que podría culminar con la destitución de algunos jueces supremos.
La comisión de juicio político de la Cámara baja comenzó a elaborar la acusación al ministro Carlos Fayt, un octogenario juez que se incorporó a la Corte en 1983 y que acredita experiencia y conocimientos en materia de derecho público. El pecado de Fayt, para sus acusadores, fue el de haber presentado una tardía excusación en las causas contra la pesificación de depósitos pese a ser titular de colocaciones por más de 200 mil dólares. Lo cierto es que Fayt nunca ocultó sus fondos ante el fisco ni accionó contra el Estado para recuperarlos en moneda original y, en realidad, la factura que parecen cobrarle es la de ser el autor de muchos de los argumentos utilizados por la Corte para declarar, en marzo pasado, que la pesificación es contraria a la Constitución Nacional y por lo tanto inaplicable
Beliz salió a decir que el Gobierno "no pondrá palos en la rueda" si los diputados avanzan sobre la Corte, a la que se integró en diciembre pasado el hasta entonces senador por el PJ Juan Carlos Maqueda.
Mientras, los nueve jueces de la Corte mantienen el compás de espera iniciado en vísperas de las elecciones presidenciales del 27 de abril. Por eso el tribunal se ha abstenido de dictar sentencia en causas que tendrán impacto en el nuevo Gobierno. Las señales, por ahora, provienen de la Casa Rosada y el Congreso. El otro poder del Estado, es decir la Justicia, ha optado por no mover ninguna pieza. (DyN)
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