Martes 24 de junio de 2003
		Muy pronto para hacer balances
		Por Pablo Rojo
		La administración Kirch-ner cumple en estos días su primer mes de gestión, no es tiempo aún de balances y mucho menos de crítica, ya que poco sabemos los argentinos sobre hacia dónde nos conduce este gobierno. Con un énfasis digno de mejores propósitos, el presidente ha dedicado sus primeras semanas a dar muestras de autoridad a la compleja trama del poder corporativo de nuestro país. Fueron víctimas propiciatorias de este empeño los mandos de las FFAA y de la Policía Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, las empresas de servicios públicos cuyas pretensiones de ajuste de tarifas fueron postergadas virtualmente sin plazo, las cúpulas empresarias y bancarias que no son recibidas por el presidente cuya agenda está cargada de compromisos impostergables con piqueteros y luchadores sociales, y el sindicalismo al que se pretende despojar del manejo del PAMI. Incluso la propia administración designada por el presidente recibió una severa advertencia cuando se le pidió prontamente la renuncia al procurador del Tesoro, máxima autoridad jurídica del Ejecutivo, por tener vínculos con personajes de la dictadura militar Los argentinos debemos congratularnos de que el presidente pueda ejercer su autoridad sin cortapisas, ya que esto demuestra el grado de consolidación de nuestras instituciones democráticas y la plena vigencia de la Constitución que establece que el presidente es el jefe supremo de la Nación. Sin embargo, también debiéramos preocuparnos al ver que esta autoridad se ejerce a los solos fines de demostrar quién manda, pero no para trazar un camino y recorrerlo. No se destituyó a mandos militares leales y subordinados a la Constitución porque se hayan opuesto a una nueva política para las FFAA, ya que nadie sabe cuál es la política para las FFAA. Se cambió la Jefatura de la Policía para mostrar poder, pero las políticas de seguridad parecen ser la mismas que las que puso en marcha la administración Duhalde, con resultados por todos conocidos. Se rechaza valientemente el planteo de las empresas privatizadas sobre aumentos de tarifas, pero se desconoce qué política de inversión en infraestructura se llevará adelante, ¿las decisiones se tomarán cuando falte la luz, el gas y el agua? El gobierno habla de la necesidad de reformar el sistema impositivo, de coparticipación federal y avanzar en la reforma financiera, pero no proporciona ninguna indicación precisa de los contenidos de tales cambios; es muy difícil para las empresas tomar decisiones de inversión y producción ante tal incertidumbre. Para el PAMI se propone la intervención para terminar con la corrupción, tal como lo han hecho todos los interventores designados por nuevos gobiernos en los últimos veinte años, pero no se percibe ninguna transformación institucional que permita hacerlo administrable (descentralizar, federalizar). Mucha autoridad, pocas políticas. (*) Economista. Fue presidente del Banco Hipotecario y lideró los equipos que asesoraron a Carlos Menem. (DyN)
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