Sábado 21 de junio de 2003
 

Los ATN: eternos como el agua y el aire

 

Por Jorge Gadano

  A esta altura de la historia nacional, los Aportes del Tesoro Nacional, los célebres ATN, son casi equivalentes a los símbolos patrios. Les falta el atributo celestial de la pureza que tienen la bandera, el Himno, la escarapela y el escudo, pero si miramos los cenagosos caminos en que la patria se ha revolcado en las últimas décadas, no está mal que un símbolo de la corrupción flamee ante nuestros ojos, como para que no olvidemos la ciénaga.
Ya son más de 15 años los que pasaron desde que, en enero de 1988, el Congreso sancionó la ley 23.548, que en su artículo 3º inciso c destinaba el uno por ciento del total de la recaudación de impuestos nacionales para "el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias". El artículo 5º decía que ese dinero se destinaría "a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, que será el encargado de su asignación".
Desde entonces pasaron más de 15 años, y en ese lapso los ATN han recorrido el país como el más alto emblema de la corrupción pública y privada en la Argentina. Quien los colocó en ese sitial, cuando el porcentual superaba los 300 millones de dólares anuales, fue el ex ministro del Interior Carlos Corach, quien después de haber pasado sin angustias por ese cargo gracias al bill de indemnidad que le dio la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia, hoy filosofa en Oxford. Como lo hizo una vez en Neuquén, si le hablan de los ATN Corach se encoge de hombros y mira hacia al techo.
En el sonado caso de los ATN otorgados a los municipios de Plottier y Centenario, el Tribunal Superior de Justicia neuquino tuvo la oportunidad de castigar el abuso de autoridad, y la desechó. Aceptó como válidas las razones "de necesidad y urgencia" invocadas para esquivar la licitación pública de las obras, sin advertir que, en un mundo acosado por la necesidad, el argumento vale para todo. Sólo un par de ejemplos, señores jueces: ¿no sería lo más atinado contratar directamente la obra de Chihuidos, teniendo en cuenta el riesgo de una gran inundación? Y justamente por el mismo riesgo: ¿fue irresponsable licitar El Chocón? Las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de Plottier y Centenario se llevaron 30 millones de dólares. La de Plottier todavía no funciona, porque la necesidad y la urgencia (de un negocio) hicieron que se ignorara el impacto ambiental de la obra.
En aquellos años la urgente necesidad de manotear en los fondos que esparcía el Ministerio del Interior, unida a la obsesión por construir obras de saneamiento, hicieron que, sobre Neuquén mucho más que sobre otras provincias (salvo, claro está, La Rioja), manara la asistencia benéfica de Corach. El ex intendente de Las Lajas, Raúl Monti, fue uno de los enamorados del saneamiento que capturó un ATN y, condenado a prisión, espera ahora un fallo indulgente del TSJ.
Tampoco se ha dicho la última palabra en los casos de Plottier y Centenario, porque si bien el abuso de autoridad fue descartado, existe una causa abierta por fraude en el juzgado de instrucción del doctor José Luis Cartolano, que en estos días espera la incorporación de una pericia ordenada por el magistrado para investigar presuntos -y eventualmente cuantiosos- sobreprecios.
Como lo hizo a poco de asumir Federico Storani, el actual ministro del Interior, Aníbal Fernández, se consideró obligado a hablar de los ATN. Si bien el volumen anual se ha reducido -de los más de 300 millones de dólares de Corach- a unos modestos 80 millones de pesos devaluados, nunca está de más decir que nada se hará como se hacía antes.
Fernández anunció "una metodología que permita que quien solicite los recursos se haga responsable de lo que firma". Y como para ratificar que el control será riguroso, enfatizó en que él mismo se preocuparía "por evaluar cada uno de los reclamos de las provincias una vez que hayan pasado por las áreas correspondientes". Supuestamente, Corach también se preocupaba.
Para transparentar la asignación de esos recursos se publicará la información en la página de Internet del ministerio. El control de aplicación -del cual el ministerio se desentendía en tiempos de Corach- estará a cargo de un santacruceño designado a tal fin, el ex senador Eduardo Arnold.
Las palabras de Fernández están cargadas de las mejores intenciones. Pero revelan a la vez que el gobierno del que forma parte, como los que le antecedieron, no está dispuesto a desprenderse de los ATN, cuya distribución discrecional seguirá en manos del Poder Ejecutivo.
Al parecer, la alternativa de suprimirlos no fue siquiera analizada. ¿Es, acaso, imprescindible que el gobierno tenga fondos especiales para atender emergencias financieras y catástrofes en las provincias? Experiencias recientes dicen lo contrario, porque el presidente Kirchner no necesitó apelar a tales fondos para atender los salarios de los docentes entrerrianos y las inundaciones en Santa Fe. Hay, por lo tanto, razones para sospechar que la distribución de esos aportes seguirá siendo motivo de polémicas e investigaciones judiciales.
     
     
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