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Domingo 15 de junio de 2003 | |
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Causas pendientes |
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Por Alicia Miller |
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| La información en los tiempos que corren es tan abundante, que puede actuar como una cortina de lluvia que no nos permita ver más allá de las primeras gotas. Precisamente, la información y la difusión de las investigaciones que deberían aclarar presuntos hechos de corrupción cometidos en el marco de negocios del Estado son tantas, que obliga a un esfuerzo de memoria para tener presente cada causa, cada avance, cada pausa prolongada, cada caída brusca. En Río Negro ha avanzado bastante en estos últimos tiempos la investigación que realizan en forma paralela la Justicia Penal de Viedma y la Comisión Investigadora Legislativa sobre la ruinosa venta anticipada de regalías hidroeléctricas concretada en 1996 por el gobierno provincial. Este caso muestra al ex ministro Horacio Jouliá como el funcionario que habría gestado personalmente el negocio, aun por encima de procedimientos ajenos a su área específica y reservados, por ejemplo, al Departamento Provincial de Aguas como ente administrador de las regalías hidroeléctricas. La evidencia indica también que se pagó un supuesto estudio de consultoría que ocultaría un pago indebido -ya que tal estudio no aparece-, que se liquidaron impuestos provinciales que nunca ingresaron a Rentas, que se pagaron 70.000 pesos a un escribano por protocolizar un contrato que podría haber firmado gratis la escribana general de Gobierno, y que el pago de servicios a terceros se habría encomendado en principio a la cuenta del actual vocal del STJ Víctor Sodero Nievas -cuando éste era abogado en Buenos Aires en un estudio que compartía con Jorge Franco-, para luego ser derivado a una persona que asegura que sólo "prestó una factura". Tantas irregularidades no parecen casuales. El gobernador Verani intentó hace unos días justificar la inconveniente operación diciendo que en aquel entonces la provincia "se prendía fuego" por los reclamos salariales de los empleados. Sin notar que, si ése era el caso, su obligación y la de su equipo debió ser cuidar mucho más el dinero, en lugar de dilapidarlo del modo en que parecen haberlo hecho. Además, este argumento fue desmentido en una carta de lectores publicada el pasado 14 de mayo por el propio Miguel Srur, ex titular de la ERSE que por aquellas fechas renunció ofuscado por los procedimientos del gobierno de Verani y de su secretario de Relaciones Institucionales, Horacio Jouliá. De un modo u otro, la cuestión es que esta causa parece avanzar, y también en la Comisión Legislativa, que daría su dictamen a fines de este mes o comienzos de julio. Pero, en tanto, la otra causa judicial -más grande en complejidad y en implicancias económicas- no evidencia progresos. Se trata de la denuncia formulada ante la Justicia de Roca por la renegociación del convenio de compra de energía a la Turbine Power, que derivó en una tarifa altísima pagada durante varios años por todos los rionegrinos, en la compra de acciones de la TPC que ya pertenecían por derecho a la provincia y en reconocer otros pagos millonarios a la empresa que en nada estaban previstos en el contrato inicial. En este caso, la Cámara de Roca ratificó una medida cautelar que suspendió la tarifa aumentada que pagaban los usuarios, pero el tema está ahora en el Superior Tribunal de Justicia porque fue apelado por la Turbine Power, por Edersa y por la provincia. Ahora bien. Hace algo así como un mes, una resolución del Superior Tribunal de Justicia dispuso anular lo actuado en relación con vuelos chárter pagados y presuntamente no realizados, por considerar que en la instrucción se habían excedido los plazos razonables para investigar un hecho. Esta resolución, que cayó como un revulsivo entre los tribunales inferiores, tuvo ya derivaciones porque la práctica obliga a aplicarla como "jurisprudencia obligatoria" en casos similares. Tanto es así, que el propio vocal Víctor Sodero Nievas, consultado sobre el tema, dijo que los jueces "tienen que trabajar" y habló de "ponerse las pilas". Y esto, a su vez, motivó que el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial le respondiera que, en realidad, era mejor que se ocupara de brindarles recursos que les permitan agilizar las investigaciones, tanto en lo que respecta a herramientas informáticas y capacitación, como a normas procesales ágiles y un presupuesto acorde a los tiempos que corren. Hasta aquí, los hechos. Ahora los temores. Como otros de sus pares, el vocal Sodero Nievas votó en aquella resolución de los chárter en favor de anular lo investigado hasta ese momento, que por obra de la "jurisprudencia de aplicación automática" podría afectar las causas vinculadas con el negocio eléctrico. Independientemente de lo que el juez resuelva luego de escucharlo como testigo, las miradas están ahora puestas sobre el Superior Tribunal de Justicia y las medidas que este organismo adopte en cada una de estos recursos. Claro que, en materia de investigaciones judiciales largas y hasta larguísimas, todavía la provincia espera la realización del juicio oral en la causa "grande" por defraudaciones al ex Banco de la Provincia de Río Negro, que ha resistido tantas tormentas como la "Kon Tiki" en el Pacífico Sur. ¿Habrá quien piense en sepultar la fe pública en la Justicia diciendo que esa investigación ya es "demasiado" larga? Alicia Miller |
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