Jueves 12 de junio de 2003
		¿Una agencia anticorrupción provincial?
		Por Pablo Bohoslavsky
		La situación política, institucional y económica torna propicia la oportunidad para reflexionar sobre la conveniencia de una agencia estatal especializada en la prevención y represión de conductas vinculadas con la corrupción, tanto en el ámbito de Río Negro como del Neuquén. El cuadro del cual partimos para el análisis de la cuestión indica que los mecanismos administrativos de control interno y externo fallan, y que la reacción posterior de la Justicia en la gran mayoría de los casos -salvo valientes y excepcionales ejemplos- no sólo está lejos de aplicar las sanciones correspondientes, sino que, aún más grave, se dedica a perseguir a los denunciantes. Sobre ello se advierte una creciente complejización de las relaciones entre las esferas pública y privada, lo que provoca una mayor sofisticación de los crímenes de naturaleza económica. Las técnicas utilizadas, potenciadas por la capacitación de sus asesores, torna dificultosa la tarea de recabar y sistematizar la información que sirva para investigar y juzgar los crímenes de cuello blanco. Además, la criminalidad organizada de la que estamos hablando mueve notables influencias, lo que termina por abortar todo incipiente intento estatal o civil por avanzar frente a casos de corrupción. Frente a tan complejo fenómeno se requiere, naturalmente, una respuesta no sólo contundente, sino que además esté a la altura del reto planteado por estos poderosos criminales. De allí surge la conveniencia de generar en los ámbitos provinciales una agencia especializada que responda adecuadamente a la insatisfecha necesidad de la sociedad de prevenir y sancionar a los que desvían -y sus inductores- en interés privado el poder público ejercido. La mejor experiencia comparada suministra algunas pautas que, reconociendo la imposibilidad de traspolarlas mecánicamente, pueden ser de utilidad para darle la mejor forma a las agencias locales. Así, la agencia anticorrupción más famosa y poderosa del mundo desarrollado, la Comisión Independiente Contra la Corrupción de Hong Kong (CICC), resulta rica en experiencias y enseñanzas. Resultó útil estructurar la CICC a través de tres departamentos: a) de Operaciones, que investigaba y acusaba a individuos corruptos; b) de Prevención de la Corrupción, que básicamente elaboraba políticas públicas de prevención de la corrupción en la administración pública y, c) de Relaciones Comunitarias, cuyos objetivos eran lograr el apoyo y compromiso de la sociedad, a la vez que divulgar información. Es decir, no se trata de un ataque simplemente frontal o policial, sino de un proceso complejo de reenseñanza de los funcionarios públicos a través de incentivos positivos y -sobre todo- negativos y, muy especialmente, de involucramiento permanente y orgánico de la sociedad. Parece también una medida de buen orden que esta agencia funcione como un órgano colegiado, con renovación escalonada y que esté integrada por personas que no hayan ejercido cargos electivos. A primera vista, pareciera interesante que los dos partidos más votados de la oposición se reserven el derecho de proponer a la Legislatura los integrantes de la agencia y que se requiera, para su remoción, una mayoría agravada del seno del Parlamento. La autarquía económico-financiera de la agencia sería decisoria para su correcto funcionamiento. En relación con sus tareas (investigación y denuncia, políticas públicas y comunicación), la primera de ellas resulta ser fundamental. Por ello sus facultades investigativas deberían ser amplias, siempre enmarcado en el garantismo de raigambre constitucional. Podría reconocerse su carácter de querellante en las causas sobre corrupción tanto activa (sobornador) como pasiva (sobornado) que involucren a la función ejecutiva provincial y municipal; para actuar en expedientes penales, civiles y administrativos que interesen a los bienes jurídicos más caros al Estado de derecho. No sólo debe pensarse en los clásicos casos sobre contratación pública, sino también en el financiamiento de partidos políticos, blanqueo de capitales, política crediticia de bancos públicos, corrupción en la diagramación, inspección, liquidación y recaudación de tributos, negociación de bonos públicos y otros supuestos de acuciante actualidad. La credibilidad permitirá encauzar las denuncias anónimas a los fines de dar comienzo a una investigación y administrar sistemas de recompensas a los denunciantes, en proporción al perjuicio que evitó se produjera o el dinero que se pudo recuperar. La figura del arrepentido también es un instrumento altamente eficaz a estos efectos, siendo "Mani Pulite" su ejemplo más significativo. El aporte técnico que la CICC le suministró a la propia administración pública fue notable. Sus especialistas coadyuvaron activamente en la diagramación de medidas internas y estrategias de implementación tendientes a prevenir actos de corrupción administrativa. El compromiso de la comunidad es vital, por lo que deben generarse lazos permanentes con la sociedad civil: propiciar un consejo público de vigilancia, integrado por personas físicas y jurídicas comprometidas positivamente, que esté vinculado establemente con la agencia; audiencias semestrales legislativas y también públicas para rendir cuentas; canales de información permanentes; líneas abiertas de denuncias; participación en la formación escolar y sistemas de pasantías. Como se ve, una agencia gubernamental especializada en la prevención y lucha contra la corrupción podría redundar en una mejora de la calidad institucional de la región. Su rango deberá ser -indudablemente- legal y, llegada la oportunidad, plasmarse en la más alta norma. Es necesario tener bien presente que en la delimitación (para la que bien podrían efectuarse consultas abiertas a la comunidad) de sus funciones, facultades y deberes, habrá que guardar celo de relojero para evitar que nuevamente se dificulte distinguir un órgano estatal de una banda organizada. La creación colectiva de un proyecto de esta naturaleza, pero especialmente su efectiva respuesta frente a las expectativas que se están generando en la actualidad, podría constituir un verdadero golpe contracultural para los "interesados semióticos" que alegan que todo el mundo roba, que la corrupción está enraizada y nada se puede hacer frente a ello.
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