La Corte
Por Félix E. Sosa
Recientemente, nos sorprendió con una intervención mediática, cargando contra la Corte y especialmente contra su presidente. Está claro que nuestro país no tiene una tradición de respeto a la división de poderes, por lo que la clara presión demostrada por este medio es ya casi habitual, como lo es también que se afirme que "el presidente dio instrucciones a sus diputados" en tal sentido, de la misma manera que el gobernador Sobisch señaló con el dedo a quien debería presidir la Legislatura local del Neuquén ante una vacante. No se entiende la división de poderes, ni se la quiere entender tampoco. Todo presidente, gobernador, intendente y aun comisionado municipal, tiene aspiraciones de patrón de estancia...... y así nos va. Desde que quien enjuicia al Poder Judicial es el Legislativo, debiera el titular del Ejecutivo guardar prescindencia o al menos cuidar las formas, pero parece que es mucho pedir. La tradición peronista, por otra parte, corre en ese sentido: en 1946 y a poco de asumir, el peronismo enjuició a la Corte, con el indisimulado -y entonces logrado- objetivo de controlar ese poder.
Por supuesto que la Corte es muy poco -o nada- defendible. Desde la lamentable intervención para sacar de la cárcel a un director técnico de fútbol amigo de Menem hasta las reiteradas conferencias de prensa de Nazareno, pasando por la desnaturalización del "per saltum", los escándalos personales que han salpicado a algunos jueces, y el ambiente de intriga y enfrentamiento que parece reinar entre quienes están al parecer más ocupados en la política que en la administración de justicia, todo nos hace pensar en que mereceríamos algo mucho mejor y que estamos lejos de conseguirlo. Especialmente si quienes van a juzgar a la Corte lo hacen con criterios netamente políticos.
Efectivamente, lo único que parecen haber encontrado los diputados integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara respectiva es la sanción a un magistrado, que no parece ser otra cosa que el ejercicio de una facultad propia de la Corte o un fallo en contra del Estado en determinado proceso, lo cual se parece demasiado al delito de opinión: un juez no puede ser enjuiciado por el contenido de sus sentencias, porque justamente es su función resolver sin interferencias e imparcialmente, no ante el temor de la espada de Damocles de que lo puedan juzgar por haber fallado -o sancionado a un inferior- en determinado sentido o en otro que no les cayó bien a los diputados. Tendríamos que decir que justamente el juez está para eso, para resolver con independencia de lo que piensen diputados, senadores o el Ejecutivo.
Lo que pasa es que los diputados no saben buscar o desestiman como errores aquello que ellos mismos harían si fueran jueces, aquellas conductas a las que están acostumbrados como políticos. ¿Alguno se ha molestado en averiguar si la Corte cumple con los plazos procesales para dictar sentencia? Seguramente aparecerían sorpresas que permitirían fundar cargos mucho más serios que los hasta ahora encontrados. ¿Alguno pensó acaso en que la manipulación política de esos mismos plazos en el caso de la provincia de San Luis y en el que ahora se está por dictar respecto de la pesificación, es impropia de la función jurisdiccional? Haciendo esto, la Corte viola totalmente el principio de transparencia e imparcialidad y politiza los pleitos, presiona al Ejecutivo con la posibilidad de un fallo en contra y lo hace con el inocultable fin de obtener determinadas ventajas. ¿Puede acaso justificarse que hayan tardado más de un año en resolver el pleito de la provincia de San Luis? Estas son las conductas que desmerecen la función de los miembros de la Corte y que deberían ponerlos en la picota, no el fallar en un sentido o en otro, o sancionar a determinado juez, aunque los diputados crean que no debiera haber sido sancionado.
El que suscribe ha sido juez durante veinte años en la provincia de Río Negro. Nunca un borrador (o "voto") de los que se elaboraban fue dado a publicidad antes de convertirse en sentencia. Ningún empleado nuestro hubiese sido capaz de semejante acto, ni mucho menos los colegas de función, dar noticias sobre esa opinión previa, que como se expone no es más que un borrador que puede ser modificado total o parcialmente hasta el momento del acuerdo. En cambio vemos cómo en la Corte es pan diario el que trasciendan y se comenten en los diarios las opiniones previas al acuerdo de cada uno de los jueces, que al parecer no tienen autoridad sobre sus empleados para impedir que den carácter público a lo que de por sí debiera ser absolutamente reservado. La indignidad moral mayor de que uno de los miembros de la Corte dé a publicidad el "voto" del otro, con fines políticos o para desacreditar al colega, es demostrativa del bajísimo nivel al que han llegado.
Nazareno, por su parte, da conferencias de prensa y habla en ellas de política, muy lejano al principio de que los jueces no debieran hablar sino a través de sus sentencias. Estas son las lacras en que debieran fijar su atención quienes los van a juzgar..... pero lamentablemente son las lacras de las que ellos mismos adolecen, por eso no las descubren.
Hoy se habla de la posibilidad de un nuevo método de elección, que elimine o minimice las interferencias políticas. Tendremos que ver si la intención es cierta.
(*) Ex juez. Profesor UNC
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