Miércoles 4 de junio de 2003
		La Convención Europea
		Por Aleardo Fernando Laría
		El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, arremetió duramente contra el proyecto de Constitución Europea que prepara la Convención Europea. "Le falta visión y ambición, supone un paso atrás y amenaza paralizar a Europa", aseguró Prodi. No le falta razón. Las enormes expectativas que había suscitado el proceso de redacción de una Constitución para Europa, en una Convención que pretendía ser abierta a la participación de los ciudadanos, se han visto frustradas por los chalaneos y regateos entre los Estados. El texto que prepara la Convención será presentado a los jefes de Estado y de gobierno en la cumbre europea de Salónica el próximo 20 de junio y tras el verano europeo pasará a la Conferencia Intergubernamental, donde los representantes de los gobiernos tendrán la última palabra, puesto que el texto debe ser aprobado por unanimidad de los Estados. Es probable que la carta magna no entre en vigor antes del 2006. Una de las mayores quejas que despierta el proyecto es que se impusieron las tesis británicas y no se amplió suficientemente el número de materias en las que las decisiones deben ser tomadas por mayoría cualificada, sin poder recurrir al veto. Actualmente esas competencias son 34 y ahora se amplían a 70, pero quedan 16 reservadas a la unanimidad, entre ellas la mayoría de decisiones en política exterior, seguridad y fiscalidad. En consecuencia, todas las decisiones que impliquen actuaciones militares se adoptarán por unanimidad. Los Estados que quieran ir más lejos (como Francia y Alemania) podrán firmar una cláusula de defensa mutua, pero "en el marco de la Unión y en cooperación estrecha con la OTAN". El representante del Reino Unido consiguió otro triunfo en su poda de ambiciones europeístas. Ha desaparecido del texto la expresión federal y el mismo declara ahora que "esta Constitución nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados y no "de los pueblos y los Estados" como señalaba la versión original. Las competencias que cedan los Estados se ejercerán "de modo comunitario" y no "según el modelo federal". El texto declara que "la Unión se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la no discriminación" (art. 2). Según el art. 58, podrán suspenderse los derechos en la UE de un Estado que entre en "riesgo claro de violación grave" de estos principios. La nueva Constitución fortalece el rol de la Eurocámara. Asuntos clave como la energía, la política agraria común, la protección de los trabajadores en caso de despido, la adopción de reglas financieras, los sistemas de fondos estructurales (ayudas regionales europeas) pasan ahora al control del Parlamento Europeo. La Unión respetará, en cambio, las estructuras fundamentales políticas de los Estados, tanto la autonomía local como la regional. La nueva Constitución incluye la figura del ministro europeo de Exteriores que "ejecutará la política exterior común" (art. 39). Los Estados deberán concertar sus posiciones en todo asunto exterior en el seno del Consejo y adoptarán las decisión "por unanimidad". La cuestión que hoy preocupa a los ciudadanos europeos es la profundidad de la democracia. Una democracia deliberativa es la que concede efectivas oportunidades de participación en el proceso de formación de la voluntad política. El ciudadano-votante deviene en ciudadano-participante cuando la deliberación no es monopolizada por las élites políticas y se amplía a las asociaciones civiles, a las organizaciones no gubernamentales, a los sindicatos (democráticamente organizados) y otras organizaciones de la sociedad civil. Sobre estas cuestiones la Constitución Europea no se pronuncia. Reconoce una Carta de Derechos Fundamentales, pero ante las expectativas originadas eso sabe a poco.
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