La Corte Suprema de Melbourne decidió que la alimentación y la hidratación a través de un tubo insertado en el estómago constituyen un tratamiento médico que, según las leyes australianas, puede ser rehusado, aunque no negado. El pedido de remover el tubo de alimentación estuvo a cargo del Estado, que fue nombrado tutor legal de la paciente, una mujer de 68 años, afectada por una rara forma de la "enfermedad de Pick", y no tiene posibilidades de recuperación. El juez Stuart Morris estableció que el Estado podrá determinar el momento de permitir la muerte digna de la paciente, una decisión que la Iglesia Católica local calificó como "equivalente al homicidio".
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