El ministro Ginés González García calificó de "absurda e increíble" la decisión de una jueza de Córdoba.
En tanto, el diputado nacional Eduardo García, candidato a gobernador de Córdoba por el socialismo, anticipó que pedirá junto a otras organizaciones la remoción a través de un jury de enjuiciamiento de la jueza federal número 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lazcano, quien prohibió la venta y comercialización de anticonceptivos, entre ellos, los llamados dispositivos intrauterinos (DIU).
De este modo, el fallo de Garzón de Lazcano, promovido a instancias de una organización católica, continuó provocando ayer todo tipo de reacciones, la mayoría de ellas de rechazo y repudio a la decisión judicial.
Entre los principales argumentos esgrimidos contra la resolución, se encuentran su presunta falta de rigor científico, la supuesta afectación de derechos de la mujer -consagrados con rango constitucional en algunos casos- y su coincidencia con las posiciones más "extremistas" de la Iglesia Católica.
En un fallo conocido el jueves, Garzón de Lazcano ordenó prohibir la fabricación y comercialización en todo el país de anticonceptivos, en un fallo sin precedentes en el que implicó también a todas las drogas que contengan hormonas consideradas abortivas y a los dispositivos intrauterinos, conocidos popularmente como DIU, es decir, casi el 97 por ciento de los productos de estas características que existen en el mercado.
La demanda fue presentada por una organización católica con sede en Córdoba, llamada "Fundación 25 de Marzo", cuyo titular es el sacerdote y abogado Fernando Altamira, quien explicó que la entidad promueve la defensa de "la sana moral y el derecho natural y la vida desde la concepción, contra cualquier práctica abortiva".
La jueza ya había mantenido un fuerte contrapunto con el gobierno nacional cuando, el 11 de febrero pasado, ordenó suspender en todo el país la aplicación de la ley de salud reproductiva, decisión que luego fue revocada por la Cámara Federal de Córdoba.
El ministro González García, quien admitió que no sabía "qué adjetivo usar para no caer en la brutalidad" para referirse al fallo explicó también que los estrógenos (que se encuentran en los anticonceptivos y cuya venta también prohibió la jueza) son utilizados por "unos dos millones de personas", con fines diversos. "Se toman medidas increíbles por pedido de asociaciones extremistas religiosas, porque estamos a favor de todas las religiones pero estamos en contra de cualquier tipo de extremismo, sobre todo cuando el extremismo genera esto, que es una especie de bomba sanitaria", opinó el ministro.
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