El titular del ISSN, Gerardo Hettinger, advirtió que la obra social carece de los recursos necesarios para pagar el retroactivo de 3,6 millones de pesos. Iniciarán negociación.

El titular de la Asociación Trabajadores del Estado, Raúl Dobrusín, dijo que es el Poder Judicial el que debe hacerse cargo de la deuda.

NEUQUEN (AN).- El Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) no tiene recursos para pagar 3,6 millones de pesos a cuatro jueces jubilados y a tres viudas de ex funcionarios del Poder Judicial que ganaron una demanda en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó ayer el titular de este organismo que maneja la caja previsional y la obra social de los empleados públicos, Gerardo Hettinger.
El funcionario dijo que se iniciará una negociación con los acreedores y no descartó el pago en cuotas o través de un certificado de deuda. Dijo, en declaraciones a la radio provincial LU-5, que impulsará una negociación "racional y civilizada".
Una alternativa a la expresada por Hettinger la explicó ayer a este diario el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Raúl Dobrusín. El sindicalista dijo que es el Poder Judicial el que debe hacerse cargo porque fue el que liquidó sumas no remunerativas a empleados en actividad, las que en definitiva dieron origen a esta millonaria demanda.
Dobrusín advirtió que como el Estado provincial también realizó prácticas idénticas, existen juicios de jubilados de la administración central por el mismo motivo, aunque por cifras muy inferiores a la de los jueces. En este caso, agregó Dobrusín, debe ser el gobierno provincial el que asuma, con recursos propios, el costo de los futuros fallos adversos que tendrá que enfrentar el ISSN.
Héctor Andrés, consejero gremial del ISSN, anunció ayer que promoverán un proyecto para que los diputados aprueben la creación de un bono para cancelar este tipo de deudas. "Esta demanda que ganaron en esa Corte que se tiene que ir, desfinancia la caja", advirtió a este diario el dirigente.
Los reclamos se originaron por el cobro retroactivo de una suma no remunerativa que percibían jueces y funcionarios del Poder Judicial en actividad desde 1991. Esa cifra, luego blanqueada en 2000, representaba en los bolsillos de los jueces entre 2.600 y 2.900 pesos. Estos pagos, durante esos años, no estuvieron sujetos a descuentos jubilatorios.
Esto significa que durante el aludido período de tiempo, la caja de jubilados de jueces no recibió aportes por esos pagos en negro. Por tal motivo, Dobrusín sostiene que es la Justicia la que ahora debe poner el dinero.
Los ex jueces Mateo Fabani, Federico Rúa, José Luis Manuel Sierra y Felipe Guillermo Alvarez Yofre, junto a las viudas Argentina Chiarandon, Myrna La Valle Cantarelli y una tercera cuya sentencia está próxima a salir, reclamaron incorporar a sus haberes de jubilación y pensión el retroactivo correspondiente a esos pagos en negro que recibieron los jueces en actividad.
El reclamo no prosperó en el Tribunal Superior de Justicia, pero sí la apelación ante la Corte.
El ISSN destina al pago de jubilaciones y pensiones 10.985.169 pesos por mes. Eso representa un gasto anual de142.807.197 pesos por año, de los cuales el 30% se lo llevan 33 jubilaciones y 6 pensiones de jueces y funcionarios del Poder Judicial que reciben, en promedio, haberes de 5.852 pesos.
Hettinger recordó ayer que las finanzas del Instituto se encuentran en una situación "compleja y difícil". Dijo que un aporte de capital por parte del Ejecutivo es una de las alternativas para enfrentar el pago de estos juicios, pero aclaró que "no se puede estar todo el tiempo pidiendo fondos al Estado provincial".

La defensora de Neuquén interviene en el conflicto

NEUQUEN (AN).- Los representantes del Colegio Médico y de la Asociación de Anestesiología presentaron ayer ante Blanca Tirachini, defensora del Pueblo y delegada del Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (Inadi), una denuncia contra las autoridades del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).
Los profesionales aseguran que fueron "discriminados" por la obra social de la provincia porque reconoció aumentos a un prestador, Imágenes SA, propiedad de la familia Schroeder, mientras ellos, utilizando los mismo argumentos que la aludida empresa, llevan 17 meses de negociación sin respuesta.
Los médicos y los anestesistas hicieron punta, pero la misma denuncia podrían presentar los demás colegios en los próximos días. Durante la semana, el borrador de este documento fue distribuido entre las demás organizaciones que agrupan a los profesionales de las distintas disciplinas de la medicina y ahora lo están evaluando. Desde octubre de 2002, el ISSN accedió a incrementar en un 55% los valores del contrato que firmó con la empresa Imágenes que presta servicios médicos de alta complejidad. Imágenes apeló a los efectos provocados por la devaluación para solicitar el incremento y el ISSN dio por válidos los argumentos.
"Nada justifica ni puede justificar que lo que se reconoce para un sector de prestadores no se reconozca para el resto, aun contemplando distintas realidades con distintos pero equitativos porcentajes de incremento", dice la denuncia de los médicos que desde ayer tiene Tirachini en sus manos. Para los denunciantes, la resolución 391 que autorizó el aumento para el mencionado prestador, es "un claro caso de discriminación".