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Viernes 30 de mayo de 2003 | ||
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Aún no está asegurado el financiamiento total de Chihuido II | ||
Faltan garantizar unos 117 millones de dólares. Gestionan exenciones fiscales por esa cifra. |
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Ante los diputados de la Comisión de Energía, los ejecutivos aclararon que los 750 millones de dólares del contrato incluyen los costos de mantenimiento e impuestos por los 25 años de concesión y los intereses producto de los créditos que financiarán el proyecto. Argumentaron que adjuntaron esos costos porque así lo pedía el pliego de licitación que elaboraron los técnicos de la provincia. En una reunión que se realizó después del mediodía en la Cámara, el gerente de proyectos, Ricardo Dell´Agnola, y el gerente de desarrollo de Pescarmona, José Rodríguez, admitieron ante los legisladores que el costo del megaemprendimiento asciende a 470 millones de dólares. Según Dell´Agnola edificar el complejo hidroeléctrico sobre el río Neuquén, y avanzar con el proyecto agroindustrial, que contempla poner en producción 1.000 hectáreas y sistematizar otras 6.000 para su posterior comercialización, requiere una inversión de 370 millones de dólares. A ese monto hay que agregar otros 100 millones de dólares que corresponden a la carga impositiva por los cuatro años que demandará la ejecución de la central hasta su puesta en funcionamiento. Reveló que el grupo empresario invertirá 123 millones de dólares y la provincia aportará 129 millones de dólares. Dijo que el Estado nacional debería aportar 220 millones de dólares. En ese ítem, los diputados concentraron la puntería porque plantearon que los fondos de Nación no están asegurados. Dell´Agnola sostuvo que esperan que el gobierno nacional apruebe un aporte de 103 millones de dólares que gestiona la cartera de Hacienda de la provincia. Y aseguró que intentarán arrancarle otros 117 millones de dólares al Ejecutivo nacional para completar la inversión que demanda la obra. Esos 117 millones se deben traducir, según Pescarmona, en una eximición del IVA, del impuesto a las ganancias y a la renta mínima presunta, y la desgravación del derecho de importación. Los diputados recordaron que el ministro de Hacienda, Alfredo Pujante, había asegurado la semana pasada que esos fondos lo aportaría la empresa. Dell´Agnola descartó esa posibilidad porque el grupo no puede invertir más de 123 millones de dólares para que el proyecto sea rentable. Consignó que prevén comercializar la tarifa eléctrica a 24 milésimas por kilowatios hora como techo. Aseguró que si la tarifa supera ese techo, la provincia percibirá los excedentes. Si es menor, la empresa absorberá las pérdidas. El aliancista Oscar González, informó que hoy la tarifa, según los parámetros internacionales y nacionales, se comercializa entre 8 y 9 milésimas de dólar. Por eso, puso en duda que puedan alcanzar esa cotización. Dell´Agnola confirmó que la provincia figura en el contrato como concedente y concesionario, pero garantizó que las obligaciones son de la empresa. El diputado del ARI, Carlos Moraña cuestionó esa figura jurídica para la provincia. "Como es aporte de capital -el de la provincia- no están gravados con el IVA. Ese es el objeto de la incorporación de la provincia en la sociedad anónima", explicó Dell´Agnola. Tras el encuentro, diputados de la oposición advirtieron que no podrán realizar modificaciones al contrato y su función sólo se remitirá a aprobar o desaprobar el proyecto. Pujante había señalado que el contrato era revisable. Aún así, el legislador del MPN, Constantino Mesplatere, dijo que "soy un convencido de que Chihuido II lo vamos a hacer". Los representantes de Pescarmona y Lagarde SA aseguraron ayer que hicieron distintos estudios preliminares. Pero necesitan los 25 millones de dólares para los estudios de impacto ambiental que definirán si Chihuido II es viable o no. Luz quiere saber NEUQUEN (AN).- La senadora Luz Sapag -MPN- pidió informes sobre las obras complementarias que la Nación tiene proyectadas para la contención y manejo de caudales del río Neuquén. Sapag se refirió, en su solicitud al Ejecutivo, al paquete de medidas incluidas en los pliegos de concesión de las centrales hidroeléctricas en el momento de la privatización del sector eléctrico. También solicitó que se informe sobre los compromisos que el Estado nacional debía atender. Recordó que la Nación tiene la atribución de decidir "qué obras hay que realizar y el momento de llevarlas a cabo". Sapag requirió los montos de las obras y los estudios previstos por las autoridades nacionales en la materia, y sostuvo que "sólo con información cierta podremos saber cuál es el camino a seguir para controlar crecidas y prever inundaciones". Y exigió "que no se use el temor de la gente como justificativo para generar obras que no solucionan el problema de fondo". |
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