Viernes 30 de mayo de 2003

  Ampliarán pericias en el juicio contra Campos
 

Un peritaje dice que se pagó de más, aunque hubo trabajos no incluidos en el estudio. Los alegatos se postergaron.

 
En el futuro del intendente Campos es clave una pericia que deberá ser ampliada.
JUNIN DE LOS ANDES (ASM).- Divergencias entre las apreciaciones de peritos, que incluso obligaron a ampliar informes técnicos y a retrasar en una semana los alegatos, constituyeron ayer piezas clave de la primera jornada del juicio que se le sigue al intendente Enrique Campos, a su secretario de Obras Públicas, y a un empresario de la construcción, por supuestas irregularidades en la obra "Museo y Concejo Deliberante" de Junín de los Andes.
Campos y su colaborador Diego Marcovesky decidieron declarar ante el tribunal compuesto por los jueces de la Cámara de Zapala, en tanto que el empresario Alejandro Fuentealba declinó prestar testimonio. La audiencia continuaba al cierre de este despacho en los tribunales de esta ciudad, y para anoche se esperaba el cuarto intermedio hasta hoy.
La causa se inició en 1998 por presunta adulteración de documento público, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público -en el caso de Campos y Marcovesky- y fraude a la administración pública.
Entre otros aspectos, se investigan la supuesta adulteración de documentos -certificaciones y fechas de contratos- y presuntos pagos superiores a los debidos al contratista.
Como se apuntó, las divergencias entre un informe pericial de la obra civil y otro contable podrían ser claves a la hora de evaluar si existió, entre otros, la configuración del delito de fraude contra la administración, o sólo cierta desprolijidad en la confección de los documentos.
El perito ingeniero civil Raúl Cristaldi determinó sobrecertificaciones entre lo pagado por ejecución de la obra iniciada en 1997 y lo presupuestado conforme al contrato con la empresa de Fuentealba.
Cristaldi, ateniéndose a la ley de obras públicas y al detalle del contrato, afirmó que debió certificarse y pagarse la suma de 2.747 pesos, contra los 14.000 que se abonaron hasta la suspensión de la obra en 1998, precisamente a raíz de los cuestionamientos surgidos del entonces Concejo Deliberante, y que a la postre derivaron en la causa penal. No obstante, el ingeniero admitió que existían otros avances de obra, como el inicio de la losa del edificio -sin terminar- y otras tareas y acopios de materiales, que no tuvo en cuenta en su pericia por no figurar en el contrato.
A su turno, el perito contable Eduardo Paponi dijo que las certificaciones se correspondían con lo apuntado en el cuaderno de obra por el secretario del área respecto de los avances del emprendimiento, y que a los fines de registro esa documentación era para él suficiente método de control.
En el contexto de los trabajos realizados y el análisis de la documentación, el contador dijo que no surgía a cabalidad la existencia de una sobrecertificación y, ergo, un pago indebido al constructor.
Por pedido de la defensa de Fuentealba, el tribunal solicitó a Cristaldi una ampliación de pericia, esta vez calculando los avances de obra con la inclusión de la losa incompleta y otros elementos no considerados en su primer informe.
Ese trámite se completará el miércoles próximo, lo que obligará a continuar con la audiencia el jueves cinco de junio, ocasión en la que también se escucharán los alegatos. Ese tramo del juicio se hará en Zapala, asiento del tribunal que integran Oscar Rodeiro, Víctor Martínez y Enrique Modina.

"De pueblo a ciudad"

A modo de metáfora, podría decirse que el intendente Enrique Campos comparó a Junín con una suerte de "Macondo", que comenzó a cambiar con su gestión al frente de la comuna en 1995, cuando se impuso hacer de Junín de los Andes un pueblo turístico organizado.
En ese contexto puso a la obra Museo y Concejo Deliberante. Admitió ante el tribunal que ese "cambio de pueblo a ciudad" fue difícil, al punto que la municipalidad ni siquiera tenía un departamento de compras.
Así, el jefe comunal dio a entender que mucha de las viejas prácticas con cierta liviandad de formas fueron cambiando sobre la marcha y, de hecho, que la misma causa en la que se ve imputado hoy Campos aceleró la prolijidad administrativa.
Un dato clave es que las certificaciones de obra debieron ser cambiadas, porque se utilizó "erróneamente" un formulario de contratos eventuales a término, cuando correspondían certificaciones parciales y desglosadas por ítems. (ASM)
   
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