Viernes 30 de mayo de 2003

  Icare quiere derogar la ordenanza de los transgénicos
 
  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente Alberto Icare reclamó al Deliberante la derogación de una ordenanza aprobada hace dos años que obliga a los comercios a identificar los alimentos transgénicos y que jamás se aplicó.
Asegura en los fundamentos de su proyecto que la norma cuestionada "no indica exactamente qué riesgo se intenta prevenir" u observa también que la publicación de transgénicos "se opone a la política adoptada" por la Argentina en materia alimentaria.
Según Icare, esa conducta internacional seguida por el país apunta a "no alterar las normas vigentes en el rotulado y publicidad de alimentos, ni agregar algún texto que pueda llevar confusión al público consumidor".
La jefa del laboratorio bromatológico municipal, Sandra Di Capua, reconoció que la obligatoriedad de publicar la nómina de transgénicos "nunca se llevó a la práctica" porque la información no consta en los envases y tampoco los organismos nacionales de control de alimentos difunden listado alguno.
Dijo que "no se puede poner ningún rótulo (que condicione la comercialización de un producto) mientras no esté comprobado científicamente que dañe a la salud".
Esa afirmación contrasta con lo sostenido por Greenpeace, que desde hace tiempo cuestiona la venta de productos transgénicos y sostiene que aumenta en los consumidores el riesgo a contraer alergias y a desarrollar resistencia a ciertos antibióticos.
Claudio Lueiro (PPR) fue el concejal que impulsó hace casi tres años la polémica ordenanza. El intendente de entonces, Atilio Feudal, intentó vetarla sin éxito.
Di Capua aseguró que la derogación propuesta es "momentánea" y procura brindar "cobertura legal al municipio" ante el incumplimiento de la norma.
Aunque está muy extendida en la Comunidad Europea, Bariloche es la única ciudad del país que tiene una legislación que condiciona la comercialización de transgénicos. En su momento, cuando el proyecto se debatió, Lueiro puso menos énfasis en señalar el presunto peligro de consumir alimentos genéticamente modificados que en la necesidad de atender el "derecho a la información que las normas superiores le garantizan al ciudadano".
   
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