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Jueves 29 de mayo de 2003 | ||
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La campaña frena una denuncia en Bariloche | ||
Los concejales están convencidos de que el secretario de Gobierno, Adolfo Fourés, y el intendente Icare violaron varias ordenanzas municipales. Sin embargo, no han realizado la denuncia en la Justicia porque temen que la acusación se malinterprete como que se encuentra enmarcada en la campaña por la intendencia. Ledo dijo que se está ante "una situación no legal". |
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El malestar generalizado que despertó el funcionario con sus respuestas ambiguas y desafiantes no logró motorizar una reacción rápida de los concejales que, pese a estar convencidos de la existencia de irregularidades, continúan estudiando los alcances de la denuncia judicial. Los cabildeos obedecen al temor de que la denuncia se interpretada como una chicana electoralista ya que los irregularidades detectadas también golpearían al intendente Alberto Icare. La intención de realizar una presentación colegiada comenzó a diluirse ayer cuando el radical Ricardo Spoturno planteó que "primero debían agotarse las vías administrativas". Lentos pero más decididos, los ediles opositores -en particular los justicialistas- señalaron la decisión de elevar la denuncia a fiscalía aunque no cuenten con el apoyo de todo el cuerpo. Con la transcripción de la interpelación en la mano, el concejal Ricardo Ledo aseguró que "hay elementos que señalan la existencia de una situación no legal". Entre las supuestas irregularidades graves surgidas de la exposición del funcionario se destaca la violación del tope de 110.000 pesos mensuales establecido por la ordenanza de Emergencia para la contratación de personal. Fourés reconoció que durante enero y febrero los egresos en ese rubro superaron los 127.00 pesos, mientras que en la última reunión de la comisión de seguimiento el edil Jorge Temporetti informó que ya superan los 170.000 pesos. El funcionario causó mayor irritación aún cuando intentó justificar la contravención de la ordenanza de ferias artesanales en la existencia de "un vacío jurídico". La norma prohíbe expresamente la instalación de puestos en el Centro Cívico, que fueron habilitados por el intendente. Fourés aseguró que el municipio entregaba 700 pesos mensuales y comida deshidratada a la "Casa de changas" cuando la institución sólo habría recibido tres cheques de 185 pesos en diez meses y no pudo justificar la entrega reiterada de subsidios no reintegrables a determinados particulares. "Icare está actuando como candidato y está utilizando fondos públicos para hacer campaña", indicó Ledo, quien fustigó al intendente por la defensa de los funcionarios cuestionados. El concejal justificó la lentitud del cuerpo en la necesidad de fundamentar adecuadamente la presentación judicial con información aportada por la comisión de Seguimiento de la ordenanza de Emergencia y el Tribunal de Cuentas. "No queremos que sea una denuncia mediática ni electoralista, creemos que realmente hay incumplimientos y queremos que la justicia determine si hay una imposibilidad de cumplimiento o una voluntad de quebrantar las ordenanzas", explicó Ledo. Exigen explicaciones El Encuentro de Profesionales (EP) reclamó a la justicia y a las autoridades municipales un "pronunciamiento expreso" sobre las denuncias de irregularidades en la rendición de las cuentas públicas. La agrupación civil de Bariloche apuntó por igual al intendente Alberto Icare y al Concejo Municipal a la hora de exigir explicaciones sobre la prolongada demora en la aprobación de los balances adeudados desde 1997 hasta la fecha. Los profesionales recordaron que el Deliberante aprobó la rendición de cuentas de 1996 y que Icare se comprometió a presentar los balances de 1997 y 1998 antes del 30 de junio y las restantes antes de fin de año, sin que se haya promovido una investigación por la tardanza en la confección de los mismos. "De acuerdo a nuestro análisis, surgiría la responsabilidad de los distintos integrantes del Poder Ejecutivo Municipal (Intendente, secretario de Hacienda y director de Contaduría) desde el año 1996 hasta nuestros días", observaron. Los integrantes del EP rescataron la denuncia realizada por el Tribunal de Cuentas local ante el juzgado Correccional Nº 8 en 1999 y fustigaron a la justicia por la ausencia de resultados de la investigación. (AB) |
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