Sábado 24 de mayo de 2003

  Fuerte polémica por gastos y contrataciones
 

Los concejales podrían recurrir a la Justicia. La proximidad de los comicios es señalada como la causa del aumento.

 
Temporetti es uno de los ediles que más cuestio-naron a Icare por los altos gastos.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El elevado nivel de gastos y las nuevas contrataciones de personal en el municipio de Bariloche generaron una aguda polémica que podría terminar en la Justicia.
Los concejales que integran la comisión de Economía analizaron en su último encuentro las erogaciones municipales del primer trimestre y comprobaron que en muchos rubros el intendente Alberto Icare se excedió de los topes permitidos por la ordenanza de Emergencia Económica (OEE).
También el Tribunal de Cuentas puso la lupa sobre la cuestión y rechazó varias resoluciones del Ejecutivo porque quebrantarían la Emergencia y también la ordenanza 257/89 de contrataciones.
En los dos ámbitos estudian por estos días los pasos a seguir y no descartan plantear denuncias a la Justicia para que investigue la comisión de eventuales delitos.
Lo curioso del caso es que en el Ejecutivo consideran que la ola de acusaciones sólo se explica desde una intencionalidad política propia de los tiempos electorales. Pero también hay concejales que atribuyen a la cercanía de las urnas el abultado monto en subsidios no reintegrables y la multiplicación de contrataciones que dispuso el Ejecutivo.
El presidente de la comisión de Economía, Jorge Temporetti, dijo que en las últimas semanas el número de beneficiarios del plan de trabajo municipal Manos a la Obra llegó a los 214, cuando en tiempos de crisis no superaban los 110.
También consideró injustificadas las contrataciones de un ingeniero para las áreas de Obras por Contrato y de una nueva abogada para la asesoría Letrada. Recordó que por la OEE el gasto en personal contratado no debe superar los 110 mil pesos mensuales y ese límite estaría largamente excedido.
Temporetti señaló además que Icare registró egresos por viáticos y por gastos de "cortesía" que sólo en el primer trimestre superan el máximo anual permitido por la ordenanza.
"Es evidente que se impone una revisión -dijo el edil-, porque o bien el municipio dejó de estar en emergencia o debe volver a cumplir con toda la normativa".
Aunque algunos pares suyos desafiaron al Ejecutivo a proponer su derogación, Temporetti se mostró en desacuerdo, en razón de que la OEE "no sólo fija pautas económico financieras, sino que también contiene un plan de gobierno y sería un error derogarlo si no hay otro plan alternativo".
Dijo también que de caerse esa normativa el municipio podría recibir una catarata de juicios de proveedores que reclaman pagos adeudados y están impedidos de litigar mientras rija la Emergencia.
"Además de cumplir con el control del gasto -agregó Temporetti-, sería bueno que el Ejecutivo se preocupe por avanzar en la elaboración del Estatuto, la revisión de las concesiones y las demás exigencias de la ordenanza" que ya lleva 30 meses de vigencia.
Llamativamente, el Soyem no hizo hasta ahora objeción alguna a los gastos del Ejecutivo, a pesar de que hasta no hace mucho era un celoso custodio de la austeridad impuesta por la Emergencia. En cuanto a las contrataciones, el gremio las avalaría porque las considera necesarias para el desempeño de cada área.
El titular del Tribunal de Cuentas, Darío Barriga, aseguró que ese cuerpo objetó ya una decena de resoluciones del intendente con gastos que no se ajustan a la ordenanza "y si no son revisadas la única alternativa es formular algún tipo de denuncia a la Justicia".
   
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