Jueves 22 de mayo de 2003
  Investigan si hay nexos con el poder en contratos de salud
 

Los diputados Eduardo Fuentes, del Movimiento de Unidad, y Carlos Moraña, del PI-ARI, se entrevistaron ayer con el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Pedro Telleriarte para pedirle que investigue la conexión entre los convenios firmados por el gobierno con dos clínicas de alta complejidad y los cuestionados créditos del Iadep para El Chañar III etapa.

  NEUQUEN (AN).- Una de las dos empresas de medicina de alta complejidad que firmó un contrato con la subsecretaría de Salud y que es materia de investigación en la Justicia, pertenece a la familia del actual titular de la dirección de Rentas, Luis Marcelo Lazcano.
La empresa en cuestión es Medicina XXI S.A., donde los Lazcano participan en sociedad con la familia Moguillansky, según confirmó el propio titular de Rentas ante una consulta telefónica efectuada por "Río Negro".
Lazcano dijo que "la familia tiene intereses" en esa empresa, que es su hermana la que integra la sociedad en Medicina XXI y que él no participa de la firma familiar desde 1999.
Medicina XXI recibe de la subsecretaría de Salud 48.449 pesos por mes por servicios médicos de alta complejidad que presta para el hospital Castro Rendón. La empresa fue contratada junto con otra firma, Imágenes S.A., de la familia Schroeder, que percibe, también por mes, 113.592 pesos por servicios similares.
Consultado sobre la participación de la empresa de su familia en Medicina XXI, Lazcano dijo que esa era una pregunta que no tenía por qué responder.
La firma de estos contratos originó una investigación en la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Pedro Telleriarte. En el expediente abierto ya declaró Fernando Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales del hospital Castro Rendón.
La entidad que conduce Martínez había advertido en enero último que estos convenios firmados por el titular de la cartera sanitaria, Fernando Gore, iban a resultar onerosos para el Estado.
Transcurrido el tiempo, la Asociación obtuvo información fidedigna sobre los pagos liquidados a las dos empresas y llegó a la conclusión que entre enero y marzo último la subsecretaría pagó a las dos prestadoras de servicios unos 200.000 pesos por encima de las contraprestaciones efectivamente realizadas. Estos pagos fueron posibles de realizar porque los convenios garantizan un monto fijo, independientemente de la cantidad de trabajo que realicen.
Gore, que no quiere hablar más del asunto con la prensa y que aclaró a través de su oficina de prensa que todo lo que tiene para decir será en sede judicial, había manifestado a este diario que producto de esos mayores costos se iban a revisar los convenios.
Por la firma de estos contratos y la publicación sobre el tema que realizó este diario el pasado 15 de mayo, el diputado del Movimiento de Unidad, Eduardo Fuentes, primero pidió al fiscal Telleriarte que estudie si existe un delito por la vigencia de un acuerdo de partes que el legislador calificó de "leonino".
Pero ayer, Fuentes acudió al despacho de Telleriarte, en compañía del diputado de ARI, Carlos Moraña, para solicitar que se vinculen los contratos celebrados en el área Salud con los polémicos créditos otorgados por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo a empresas que colonizaron tierras desérticas de El Chañar para producir vinos y frutas finas (ver aparte).
"Creemos que se debe investigar si existe intencionalidad del Estado en beneficiar a determinados grupos empresarios", expresó Fuentes a "Río Negro" tras la reunión con Telleriarte. Exactamente eso, continuó, es lo que pedimos al fiscal junto con Moraña.
En esta madeja de contratos existe otro, agregado desde ayer a la investigación, firmado por Imágenes S.A. con el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) por un valor original de 135.000 pesos mensuales y renegociado un año después, con un 55% de incremento para atender, según la resolución que lo autorizó, las mayores erogaciones producidas tras la devaluación del peso.
Por lo que se conoce hasta aquí, la empresa en la que participa la familia del titular de Rentas, Medicina XXI, tiene un contrato con Salud que le garantiza ingresos anuales fijos por un monto de 581.388 pesos y la de Schroeder, sumando los convenios suscriptos con Salud y el ISSN, recibe ingresos de 3.874.104 pesos por año.
La hipótesis de los diputados que ayer fueron a visitar a Telleriarte consiste en indagar en estos acuerdos y buscar posibles vínculos empresariales con el Estado a través de los créditos que las mismas familias solicitaron al Iadep en el contexto del proyecto conocido como El Chañar III Etapa. La empresa María y Adelina, de los Schroeder, tiene dos créditos en el Iadep por un monto final de 4,7 millones de pesos, Moguillansky-Vesciglio dos préstamos por un total de 3,2 millones, y Lazcano y Lazcano también tres créditos que suman 3,3 millones de pesos, según la información oficial del Iadep.
Augusto Vesciglio, que figura en sociedad con Moguillansky, es el que suscribe en representación de Medicina XXI, el convenio con Salud.

Créditos polémicos

NEUQUEN (AN).- En el proyecto El Chañar III etapa para poner en producción 2.000 hectáreas de frutas finas y viñedos, además de la construcción de bodegas, el Estado, a través del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo, pondrá 45 millones de dólares sobre una inversión final de 60 millones de la misma moneda.
Esta partida de préstamos recibió durísimas críticas de los diputados de la oposición por considerar que fueron entregados a empresarios vinculados al poder, a funcionarios y ex funcionarios. Por eso ayer los diputados Eduardo Fuentes, del Movimiento de Unidad, y Carlos Moraña, de ARI, le pidieron al fiscal Pedro Telleriarte que repase la dura batalla legislativa, ocurrida en 2001, cuando la oposición intentó poner freno a estos préstamos.
"Hasta nos incendiaron la puerta de la Legislatura en una movilización organizada desde el gobierno", recordó Fuentes.
Además de tratarse de créditos muy flexibles los otorgados por el Iadep, todos las inversiones realizadas en este proyecto impulsado por el gobernador Jorge Sobisch fueron beneficiados con una exención impositiva, vigente por cinco años.
En el caso de la empresa Lazcano y Lazcano se da la particular circunstancia de que la medida también beneficia al encargado de recaudar impuestos en la provincia. En su momento, cuando este diario divulgó esta noticia, el titular de Rentas, Marcelo Lazcano, dijo que la decisión se tomó cuando él no ocupaba el actual puesto en el gobierno y aclaró que Lazcano y Lazcano es una sociedad de hecho con su padre.
   
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