El consumo de combustibles en la comuna cayó en un 40% en un semestre, tras el estallido del escándalo. Los funcionarios que tenían a cargo las áreas involucradas ya no están. Los organismos de control de la municipalidad están a punto de terminar la investigación, de la que surgirá que existió un perjuicio.

a

ROCA (AR).- El paso del tiempo y la vorágine de la realidad argentina hicieron borrar de la memoria el escándalo por el robo de combustible en el municipio de Roca. Sin embargo, los números deberían preocupar a los involucrados porque actualmente la comuna está pagando 10.000 litros menos de gasoil que a mediados del año pasado y eso casi no deja dudas de que existió una organización decidida a enriquecerse con bienes públicos.
Los números son claros. La dirección de Contabilidad y Finanzas informó que en septiembre de 2002 se cancelaron vales por 25.877,25 litros de combustible, de los cuales 22.635,41 correspondieron a gasoil y el resto, a nafta.
Controles rigurosos de por medio y con una similar utilización de maquinarias, en marzo hubo una demanda de apenas 13.000 litros de gasoil y el mes pasado la cifra se elevó un poco, llegando a los 15.000 litros del combustible diesel, según datos de la misma área.
En el Tribunal de Cuentas no quieren aventurarse con adelantos, pero el viernes -ante una consulta de este diario- un funcionario adelantó que la investigación realizada por el órgano de control está a punto de terminar y los resultados fueron positivos en el intento de comprobar que hubo un perjuicio para las arcas del Estado local.
De todas maneras, se insistió en que no habrá una expresión oficial hasta que la instrucción del sumario esté concluida y los miembros del Tribunal definan el destino del expediente.
Lo que resta arribar al poder contralor es una serie de informes requeridos a la secretaría de Obras Públicas, que incluso generaron cierto malestar en esa dependencia del Ejecutivo, porque se les pide explicaciones sobre un tema ocurrido en 2002, cuando las autoridades del área eran otras (ver aparte).
Cuando se desató el escándalo el secretario de Obras Públicas era Jorge Braccio, y el titular de la Dirección de Servicios Públicos -el punto donde se centralizaron las sospechas de robo de combustibles-, Luis Salvucci. Ambos se alejaron de la comuna en diciembre (el primero renunció y al segundo lo echaron) y hoy cumplen funciones en la esfera provincial. En esos lugares están Raúl Néboli y José Soto, respectivamente.
A estos últimos se les exige argumentar por qué si entre agosto y septiembre del año pasado el consumo pasó de 21.877,22 a 25.877,25 litros de combustible, ahora las cifras son muy inferiores. En Contabilidad y Finanzas informaron que ya en noviembre sólo se pagaron 15.200 litros de gasoil, bajando en marzo de 2003 a 13.000 y volviendo al promedio de 15.000 en abril pasado.
Otro de los escasos datos que surgieron el viernes del Tribunal de Cuentas fue que los comprometidos por el avance de la investigación interna "son varios", entre funcionarios y empleados.
Es aquí donde aparece la posibilidad cercana de que, una vez resueltos los pasos a seguir, ingrese en escena el Poder Judicial de Río Negro, porque de comprobarse que algún miembro del gabinete tuvo responsabilidad en un delito se le debe iniciar un juicio de responsabilidad. Esta instancia es la prevista para que alguien que ocupa un cargo político responda con su patrimonio si ocasionó un perjuicio al erario público.
En el caso de que haya empleados involucrados, su continuidad en el municipio quedará en manos de la Junta de Disciplina, sin perjuicio de que se decida dar intervención a la Justicia por la presencia de un robo o estafa.
Precisamente la Junta de Disciplina también intenta avanzar por estos días en un caso similar al de los combustibles, pero con lubricantes en el eje del presunto robo y en Mantenimiento en vez de Servicios Públicos.
Por este proceso en noviembre pasado separaron a un empleado de sus funciones, pero ahora se espera por un nuevo sumario ya que el primero ordenado a un sumariante de planta permanente arrojó magros resultados, por lo escueto del informe elevado, según confirmaron fuentes de la Junta.

Un llamativo pedido de informes

El nuevo pedido de informes que el Tribunal de Cuentas formuló al Ejecutivo semanas atrás sobre las diferencias en el consumo de combustibles desde el año pasado a esta parte generó sorpresa y un posterior malestar en la Secretaría de Obras Públicas.
El planteo en el área que concentra la gran mayoría de los vehículos del municipio es lógico. ¿Por qué nos preguntan ahora si saben que en diciembre hubo renuncias y asunciones de nuevos funcionarios que nunca tuvieron control sobre los gastos del año pasado?, es la queja constante.
Más allá de las especulaciones a la hora de encontrar una respuesta a ese interrogante, lo cierto es que el Tribunal de Cuentas directamente no obtendrá ninguna contestación al pedido de informes, porque el actual titular de la cartera de Obras Públicas, Raúl Néboli, se excusó de darlas.
La nota formal en la que explicó que no podía satisfacer la demanda del órgano contralor fue remitida la semana pasada, según confirmó el propio Néboli.
En consecuencia, ahora se abre una nueva instancia para el poder encargado de garantizar la transparencia en las acciones administrativas del municipio.
Elementos sustanciales para dar por finalizado el proceso de investigación no le faltan, porque las estadísticas de Contabilidad y Finanzas son claras y denotan un evidente desfase en la demanda de combustible entre septiembre de 2002 y los primeros meses de este año.
Cabe recordar también que el escándalo nace en la publicación de un artículo en el periódico semanal "La Comuna", que incluyó fotografías comprometedoras para funcionarios y empleados de Servicios Públicos por el presunto robo de combustible que allí se cometía.
En síntesis, todo indica que se está muy cerca de cerrar el sumario interno y trasladar los datos reunidos a la Justicia, en el caso de que haya sospechas de que se cometió un delito.
La otra opción es que el Tribunal de Cuentas determine que no hay elementos suficientes para endilgar responsabilidades a algún funcionario o agente. En ese caso deberá explicar claramente cómo desarrolló su investigación y qué argumentos avalan la conclusión. (AR)