El martes expondrá sobre su papel en el escándalo de la cámara oculta. Los diputados procuran reunir más elementos antes de decidir.

Carbajo (a la derecha) pidió que se presente el director de "Río Negro".

NEUQUEN (AN).- El oficialismo no puede clausurar el pedido de expulsión de Osvaldo Ferreyra. El legislador del MPN deberá explicar el martes ante sus pares de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento cuál fue su participación en el escándalo de la cámara oculta.
Los diputados de esa comisión, que conduce la justicialista Iris Laurín, resolvieron ayer durante una convulsionada reunión "invitar" a Ferreyra, quien está imputado en la causa por el supuesto intento de coima al legislador Jorge Taylor, para que informe sobre su intervención en ese escándalo que salpicó al gobernador.
Sobre Jorge Sobisch pesa un pedido de juicio político, que el oficialismo intenta enviar al freezer en un año electoral.
Ferreyra deberá presentarse el martes próximo a las 19 porque los diputados quieren reunir más elementos antes de tomar una decisión sobre el pedido para removerlo de la Cámara que promovió el Colegio de Abogados de Zapala.
La propuesta de escuchar a Ferreyra antes de emitir un dictamen surgió del legislador del MPN, Jorge Tobares, quien argumentó que para elaborar un pronunciamiento político sobre el asunto es necesario darle la posibilidad a Ferreyra y a Taylor de explicar los hechos y así formar un juicio de valor para aplicar las sanciones.
La oposición, en cambio, buscaba que la Comisión aprobara el despacho para que el expediente de Ferreyra pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, como paso previo a su debate en una sesión legislativa.
"Creo que es en el recinto donde tienen que ser escuchados -planteó el diputado del ARI, Carlos Moraña-. Allí es donde deben ejercer su derecho de defensa". Los legisladores de la Alianza, del Movimiento de Unidad y del Socialismo compartieron esa posición y recalcaron que es una deuda pendiente que el Poder Legislativo tiene con la sociedad neuquina.
Sin embargo, la propuesta de la oposición no reunió los siete votos que exige el reglamento interno de la Legislatura para sacar un despacho que agilice el recorrido del expediente. Por eso, apoyaron la iniciativa de Tobares. En cambio, desestimaron la propuesta del ultrasobischista Eduardo Carbajo que solicitaba implementar una ronda de consultas para contar con más información para analizar el pedido de exclusión de Ferreyra.
Carbajo exigió a Taylor, sobre quien pesa un pedido de expulsión presentado por el oficialismo, la sábana con las llamadas de sus teléfonos fijos y de celulares realizadas antes, durante y después de que se conociera la denuncia del supuesto intento de soborno a través de las pantallas de un canal de Buenos Aires. Además pidió que la comisión invite al director de "Río Negro", Julio Rajneri, por su participación en el programa televisivo donde se difundió la denuncia. Pero la oposición rechazó la iniciativa.
"El primer invitado tiene que ser Jorge Pérez", replicó el legislador Eduardo Fuentes del Movimiento de Unidad. Cuando estalló el escándalo, Ferreyra afirmó que Jorge Pérez era el Jorge que se menciona en la cámara oculta.
"Si invitamos a Rajneri, quizá el MPN quiere invitar a todos los televidentes", completó. Recordó que los diputados "estamos para valorar políticamente el tema, los aspectos jurídicos le corresponden a la justicia". Fuentes valoró la actuación de Taylor porque "por primera vez la sociedad vio los actos de corrupción instalados en los actos de gobierno".

También buscarán mecanismos para que el Estado no quede expuesto a los juicios por la expropiación

NEUQUEN (AN).- Los diputados de la Alianza quieren garantizar un plan productivo y un mecanismo para evitar la concentración económica antes de efectivizar la expropiación de 3.500 hectáreas de tierras improductivas en Senillosa. Además, plantearán la creación de una comisión mixta entre el Ejecutivo y la municipalidad para facilitar los acuerdos con los propietarios de las parcelas sujetas a expropiación para evitar eventuales juicios contra la provincia.
La iniciativa recibió ayer el apoyo del PJ, del Movimiento de Unidad (MU) y del Socialismo durante la reunión de la Comisión de Producción, a cargo del justicialista Aldo Duzdevich, que se realizó pasadas las 14. Y será evaluada el próximo jueves cuando el cuerpo legislativo se dedique al análisis en particular de la Ley que ya tiene la aprobación en general garantizada.
Desde el MPN, Antonio Guiñazú, recordó a sus pares que "si continuamos dilatando la aprobación de la Ley seguimos generando la especulación con las tierras". Recordó que la comisión había consensuado días atrás no permitir que los ocupantes ilegales resulten adjudicatarios y que no puedan participar en la licitación. Dijo que autorizarlo sentaría un peligroso precedente. "¿Quién determina la ocupación ilegal", preguntó su par del ARI, Carlos Moraña, quien adelantó que esa zona gris se puede transformar en un dolor de cabeza porque abre la puerta a posibles litigios contra la provincia.
Por eso, el legislador de la Alianza, Osvaldo Forsetti, solicitó ayer incluir en el texto del proyecto un artículo para crear una comisión integrada por la Secretaría de Producción y el municipio de Senillosa, en manos del emepenista Sergio Farías, para que junto con los organismos previstos en la Ley de expropiación faciliten los acuerdos con los dueños de los inmuebles. La idea, argumentó, es que la comisión asesore al Poder Ejecutivo para impedir en lo posible el procedimiento judicial contemplado en la norma que instrumenta la expropiación.
También propuso añadir una cláusula para poner un tope de hasta 100 hectáreas por adjudicatario si las tierras poseen obras de riego ya realizadas y, un máximo de 300 hectáreas cuando las parcelas carezcan de mejoras, para abortar la concentración económica.
Forsetti y sus pares de la Alianza, Rita Santarelli, Jorge Taylor, Raúl Radonich plantearon la necesidad de que previo al proceso de licitación de las tierras, se establezca un plan de desarrollo productivo. El objetivo es definir los lineamientos mínimos para que los oferentes se comprometan a instrumentarlos.