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Miércoles 14 de mayo de 2003 | |
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Tampoco Irigoyen se presentó a la ampliación de la indagatoria | |
El titular de Lotería le había pedido al juez Bustamante que lo citara para ampliar su declaración |
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| VIEDMA (AV)- El presidente de la Lotería, Miguel Irigoyen, no se presentó a declarar ayer ante el juez penal Jorge Bustamante. Al igual que el ex concesionario de la mayoría de los casinos rionegrinos, Carlos "Cacho" Ferrari, había pedido ampliar la indagatoria pero no concurrió. El juez Bustamante procesó a Irigoyen en la causa de las presuntas "coimas" en la Lotería en el marco de la concesión de los casinos y ordenó la prisión preventiva del funcionario, medida que quedó en suspenso hasta que resuelva la Cámara de Apelaciones. Bustamante consideró que Irigoyen debe ir preso porque el cargo que ocupa lo obliga a cuidar del erario provincial y destacó que la Lotería tiene por objeto recaudar fondos para los sectores socialmente más necesitados y que el perjuicio económico causado con esta modalidad delictiva "evidenciarían en el imputado cierta proclividad al delito". El magistrado le imputó a Irigoyen los delitos de "cohecho pasivo" en forma continuada, en concurso ideal con "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "fraude a la administración pública". Las decisiones de Irigoyen siguen siendo similares a las de Ferrari en el sentido que ambos se abstuvieron en la indagatoria convocada por el juez Bustamante, luego pidieron ampliar esta declaración y una vez concedida la oportunidad no concurrieron. Algunos señalan que ambos esperarían la resolución de la Cámara de Apelaciones que confirmará o no los procesamientos dictados por el juez de instrucción y que recién después que se conozca este fallo los dos imputados podrían pedir nuevamente una ampliación. El expediente No obstante el expediente para resolver el tema no habría llegado aún al Tribunal de Apelación que, por otra parte, sufrió una modificación en su integración que en principio conformaron los camaristas laborales Ernesto Rodríguez y Ricardo Aguirrezabala y la jueza en lo Correccional, Liliana Piccinini. El cambio introducido es el reemplazo de esta última magistrada por el camarista civil Fernando Laborde Loza. Las razones de este reemplazo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia estarían vinculadas a evitar una sobrecarga de trabajo en los jueces penales de instrucción y los civiles al deber subrogar a Piccinini, cuando debe integrar la Cámara de Apelaciones. Esta decisión del STJ se habría basado también en una nota elevada por jueces penales y civiles planteando ese inconveniente. |
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