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Martes 13 de mayo de 2003 | |
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Ediles evalúan derogar la emergencia en Bariloche | |
Quieren blanquear los actos de la municipalidad.Miembros del gabinete fueron al Deliberante. |
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| SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El panorama legal y operativo de los servicios públicos brindado ayer por el Ejecutivo sembró fuertes inquietudes entre los concejales de Bariloche que llegaron a plantear la necesidad de derogar la ordenanza de emergencia para blanquear los actos administrativos del municipio. El informe realizado por los funcionarios del gabinete municipal en respuesta a la convocatoria realizada por el Deliberante arrojó escasa claridad sobre la situación de los servicios públicos vencidos que se continúan prestando en condiciones de irregularidad preocupantes. El intendente Alberto Icare no concurrió a la reunión de comisión ampliada pero mandó al secretario de Gobierno Adolfo Foures, el asesor Legal Manuel Vázquez y el director de Transporte José Alonso. Las preguntas de los concejales y las respuestas de los funcionarios corrieron por distintos carriles y reflejaron cierta contradicción entre lectura de la realidad municipal que realiza el Deliberante y la que sostiene el Ejecutivo. Pero el detonante que llevó a los ediles a replantear la vigencia de la ordenanza de emergencia económica fue la discusión desatada en torno a la necesidad de contratación de personal que produciría la municipalización del sistema de Estacionamiento Medido (ver aparte). En la actualidad la franja de trabajadores contratados por el municipio excede en 30.000 pesos el tope de 110.000 pesos mensuales establecido por la norma. La edil Irma Haneck fue la primera en plantear que "tal vez el municipio ya no está más en emergencia y sería necesario derogar la ordenanza" secundada por Claudio Lueiro que se comprometió a trabajar en el proyecto para abolir la norma. Tampoco conformó a los concejales el plan de acción del Ejecutivo para regularizar el servicio de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), explotado por dos empresas cuyas concesiones vencieron el pasado 27 de abril y todavía no fueron prorrogadas ni denunciadas. El asesor legal, Manuel Vázquez, sostuvo que el vencimiento de los contratos del TUP no representa "ningún riesgo legal" para la continuidad del servicio ni resta poder de contralor al municipio frente a los incumplimientos de las empresas. En un acuerdo de palabra el Ejecutivo convino con las prestatarias una suerte de prórroga que se extendería hasta la conclusión del estudio de mercado que alumbrará las nuevas condiciones de licitación del servicio y cuyo lapso de elaboración demandaría no menos de un año. Los concejales reclamaron la redacción de un "actas convenio" que rija el servicio durante el ese período. Vázquez reiteró que la carencia de contrato no altera el marco jurídico del servicio y que "el acta convenio" se realizará para dar tranquilidad a los concejales. "El contrato está vigente más allá de que se haya vencido porque habría una renovación tácita", sostuvo el letrado. El argumento se contrapone a la nota del 2 de abril en que el director de Tránsito y Transporte, José Alonso, le anunció a las empresas la intención de prorrogar las concesiones "siempre y cuando se ajusten" a una larga lista de requisitos. En la misiva -que continúa sin respuesta formal- Alonso les advierte que "de no encontrarse la totalidad del parque automotor en condiciones de prestar los servicios adecuadamente no se prorrogará la totalidad de las líneas". El costo de municipalizar el estacionamiento La estatización del sistema de Estacionamiento Medido tendrá un costo de 17.000 pesos mensuales que el municipio pagará en concepto de "alquiler" por soporte técnico instalado por Altec y el mantenimiento del equipamiento. |
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