El debate sobre el polémico emprendimiento llega a la Legislatura neuquina. Los diputados dicen que necesitan tiempo para analizarlo. En la previa, empezaron a fijar sus posiciones, y plantearon muchas dudas. Por ejemplo, sobre la velocidad con que comenzarán los trabajos, el área que quedará bajo riego y las expropiaciones que se vienen.

La Legislatura volverá a ser caja de resonancia de una fuerte pulseada política.

NEUQUEN (AN).- Desde el miércoles, los diputados de la Comisión de Energía cargarán sobre sus espaldas con la presión del gobierno neuquino que busca afanosamente, en un año electoral, el acuerdo legislativo para el megaemprendimiento Chihuido II. Pero las diferencias existentes entre la iniciativa que la Cámara aprobó en mayo de 2000 y el proyecto que el Poder Ejecutivo presentó días atrás es la piedra en el camino que garantiza un arduo debate, según coincidieron el presidente de esa comisión, el aliancista Oscar González, su par del ARI, Carlos Moraña y el legislador del MPN, Constantino Mesplatere.
Por eso, los legisladores advirtieron que, por las características del proyecto, es necesario un estudio en detalle y adelantaron que no aceptarán presiones desde ningún sector.
"Si sale el proyecto será por la convicción de los diputados y no por la fuerza de los bombos", anticipó el jueves último González, en el momento que los desocupados de la UOCRA se manifestaban frente a la Legislatura. "Nosotros no podemos salir corriendo a aprobarlo", planteó Mesplatere. Y Moraña solicitó al gobierno provincial "que no se le mienta a la gente con que la obra es un hecho, porque aún no se sabe si es factible".
González y Moraña subrayaron que no están en contra del proyecto, que promovió el grupo Pescarmona y Lagarde SA en 1997 durante el gobierno de Felipe Sapag y que produjo una fuerte división en la ortodoxia del MPN. Pero indicaron que el texto original del emprendimiento, que Jorge Sobisch hizo suyo a partir de 1999, se modificó.
Mesplatere también admitió los cambios, y por eso pidió "tiempo para analizarlo, para sacar el mejor proyecto que beneficie a las comunidades de Plaza Huincul y Cutral Co".
Moraña y González puntualizaron que el financiamiento es la primer gran diferencia con la Ley que sancionó el pasado 12 de mayo de 2000 el cuerpo legislativo, porque el monto se triplica. La norma original autorizaba a la provincia a endeudarse hasta un tope de 129 millones de pesos. El texto nuevo que elevó el Ejecutivo provincial habla de 129 millones de dólares (ver aparte)
González indicó que la provincia deberá salir a buscar esos fondos ante organismo multilaterales. Esa operatoria comprometerá un porcentaje de los ingresos por regalías.
Mesplatere reconoció que el monto exacto es un asunto clave que debe discutir la comisión, aunque dijo que la cifra no se puede convertir en forma automática al valor actual de la moneda estadounidense.
"Lo conversé con el ministro de Hacienda (Alfredo Pujante) que quedó en venir a la Legislatura a explicar el tema", agregó.
"Pero aunque costara 100, 129 o 300 millones de pesos, creo que nos merecemos esa inversión por todo lo que hemos aportado al país", opinó Mesplatere, oriundo de Plaza Huincul.
Para Moraña, la raíz del problema está en el artículo 4 de la norma sancionada hace tres años. Ese artículo facultó al Poder Ejecutivo a incluir en el pliego de la licitación que "en caso que la propuesta de los iniciadores del proyecto no resultara calificada como la más conveniente para la administración, los iniciadores tendrán la posibilidad de igualar está última y prevalecer en el derecho de adjudicación".
Para Moraña esa cláusula representa "una adjudicación directa encubierta" porque no permite comparar con otros proyectos. Y recordó que durante el debate de esa norma el bloque de la Alianza planteó sus objeciones que, finalmente, fueron desestimadas por el voto mayoritario del bloque del MPN y del PJ. La senadora emepenista Luz Sapag fue la única que votó en contra.
Mesplatere defendió el mecanismo de licitación porque "se encuadra en la Ley provincial de iniciativa privada que así lo especifica". Y aclaró que "no se le dio la adjudicación directa a Pescarmona y Lagarde SA".
González sostuvo, además, que aún no están asegurados los 70 millones de dólares por parte de Nación. El ministro José Brillo dijo el sábado que las negociaciones están avanzadas con el gobierno nacional y que la intención del gobierno neuquino es que se firme ese convenio cuanto antes. Esas partidas, que la provincia le reclama a Nación, corresponden a los fondos del control de crecidas del río Neuquén.
Moraña advirtió que ni el Ejecutivo provincial ni el grupo inversor tiene el dinero para llevar adelante el proyecto. Y afirmó que el texto reformado por el gobierno neuquino no define el área de riego. En principio, eran 7.000 hectáreas. Pero tres años después, el compromiso es poner bajo sistematización y desarrollo unas 1.000 hectáreas, indicó el legislador del ARI.
"Las otras 6.000 se van a sistematizar y poner en desarrollo en la medida en que haya interesados en invertir en esas tierras", remató.

"Buscaremos el mejor proyecto"

NEUQUEN (AN).- "Yo estoy luchando desde el 2000 por el proyecto. Pero si tenemos que hacerle ajustes los haremos para sacar el mejor proyecto", subrayó el emepenista Constantino Mesplatere, secretario de la Comisión de Energía.
Reconoció que era un canal a cielo abierto en principio y que ahora se habla de un acueducto. Pero, en su opinión, el eje central es que garantice un cauce de dos metros cúbicos por segundo. "Mientras llegue así, está bien", dijo.
Mesplatere aseguró que las modificaciones entre el proyecto original y el que presentó el Ejecutivo días atrás son cambios impulsados por los técnicos de la provincia que plantearon a los inversores.
De todos modos reconoció que en lo referente a un lago artificial, que estaba previsto por la edificación de la presa para aprovechar el agua, "no alcanzaría a irrigar las 7.000 hectáreas del proyecto".
Moraña dijo que la firma concesionaria -Pescarmona y Lagarde- se reservarán la comercialización de las 6.000 hectáreas el tiempo que dura la concesión.