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La fiscalía investiga si hubo excesos por parte de los uniformados

Intimó a la policía a informar sobre la cantidad de efectivos que participó y a justificar el uso del hidrante

ZAPALA (AZ).- La fiscalía de instrucción de esta ciudad inició ayer de oficio una investigación para determinar si se incumplió la orden judicial en el operativo policial que desalojó a los contratados de Vialidad. La doctora Liliana Dayub intimó a la policía a presentar un informe sobre la cantidad de efectivos que participaron del cuestionado operativo y a justificar la presencia de un camión hidrante. La fiscal recorrió ayer junto al juez Hugo Saccoccia al lugar del hecho y comprobó la presencia de bombas molotov que presumiblemente iban a ser utilizadas por los subsidiados.

Dayub buscará determinar ahora si el comportamiento de los efectivos al mando del comisario general Julio Trepat se ajustó a lo solicitado por Saccoccia o por el contrario se registraron excesos.

En la resolución que envió a la policía, el magistrado destacaba que en caso de resultar indispensable la utilización de la fuerza el desalojo se realice "en la oportunidad que la estrategia prevencional aconseje para resguardar al máximo los derechos de las personas así como los bienes y patrimonios".

El accionar de la policía fue sumamente cuestionado por la violencia que puso de manifiesto para barrer con el grupo de manifestantes entre los que había niños y mujeres. Con el grueso de los contratados en fuga, los efectivos la emprendieron contra un barrio cercano donde un puñado había buscado refugio. La lluvia de gases que cayeron contra las humildes casillas provocó las quejas de los vecinos y una catarata de insultos contra la policía y las autoridades locales y provinciales.

"Se hallaron botellas y elementos para fabricar bombas" señaló Dayub al término de su recorrida por el predio. Asimismo explicó que los manifestantes "rompieron vidrios y pincharon neumáticos de los vehículos". De aquí en más, con el informe policial y los elementos anexados a la investigación, la fiscal deberá definir si acusa de incumplimiento de sus deberes a los jefes policiales que intervinieron en la represión. "En esta acción existió una responsabilidad muy clara del ministerio de gobierno que desconoció una negociación entablada entre las partes" advirtió ayer la edil oficialista Patricia Torres.

Ayer fue dado de alta del hospital interzonal el último herido que había quedado bajo observación médica por precaución. Los seis manifestantes detenidos por la policía fueron liberados la noche del miércoles por disposición del juez Saccoccia.

Por otra parte, ayer un centenar de trabajadores del plan Trasandino que perciben 350 pesos mensuales producto de la suma de un subsidio nacional y otro aporte de la provincia se plegaron al reclamo de sus pares de Vialidad. Iniciaron una medida de fuerza reclamando por un incremento en sus haberes de 150 pesos.

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