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Jueves 8 de mayo de 2003 | ||
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Tratan el balance de 1996 y el acuerdo con Cliba en Bariloche |
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Los dos temas tendrían el visto bueno de los concejales. En el caso del balance, solicitarán una investigación penal por supuestas anomalías y una causa administrativa por la demora. |
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Ambas iniciativas fueron largamente analizadas en comisión de Economía y contarían con el consenso suficiente para ser aprobados sobre la mesa de trabajo. El convenio de compra directa de los contenedores realizado por el Ejecutivo -cuya ratificación se vio demorada por las objeciones que despertó en el Deliberante- fue recientemente renegociado por el concejal Jorge Temporetti que consiguió una rebaja sustancial sobre el precio pactado originalmente. El edil indicó que "en la nueva negociación se acordó realizar un único pago contado de 40.000 pesos eliminando los alquileres de diciembre a marzo reclamados por la empresa y los intereses de las cuotas previstas en el proyecto anterior". Las condiciones impuestas por la empresa imprimieron cierta urgencia al tratamiento del proyecto que debería quedar aprobado hoy para evitar el retiro del equipamiento afectado al servicio de recolección de residuos. En la propuesta elevada al intendente Alberto Icare tras el acuerdo Cliba advirtió que el pago de los 40.000 pesos debe "efectivizarse de contado en un término no mayor a cinco días hábiles a partir del 2 de mayo de 2003" o procederá al retiro de los contenedores "de pleno derecho". Temporetti estimó que el nuevo convenio no encontrará mayores trabas porque la compra directa prevista "ahora si pasa a ser de mérito, oportunidad y conveniencia para el municipio". También el proyecto de balance 1996 fue corregido en comisión tras ser objetado por el edil peperreista Claudio Lueiro en la última sesión del Concejo. La reformulación descarta la propuesta de "aprobación automática" impulsada por Lueiro en noviembre pasado pero en cambio incorpora las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas municipal exigidas por el edil. En el proyecto se incorporaron dos artículos para promover una investigación penal que deslinde la existencia de un posible dolo en los asientos contables y una investigación administrativa dentro del municipio para determinar responsabilidades por la dilatada demorada en la confección del balance. El desorden contable que arrastra el municipio desde 1996 dio lugar a la presentación de sendas denuncias judiciales contra las distintas gestiones que gobernaron la ciudad en la última década. En marzo de 2001 el Tribunal de cuentas radicó una denuncia penal contra el ex- intendente Atilio Feudal para que se investigue la posible comisión del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" ante la falta de regularización de los balances prometida por el mandatario. |
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