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Jueves 8 de mayo de 2003 | |
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Los concejales analizan si denuncian a Arriaga |
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| CIPOLLETTI (AC) - Ahora son los concejales de la oposición los que analizan si las amenazas del intendente Julio Arriaga de llevarlos a la Justicia no constituyen un delito. Aducen que tanto la Constitución provincial como la Carta Orgánica les otorgan inmunidad en relación a sus opiniones y decisiones. En el veto a la ordenanza con la que el Deliberante intenta frenar la licitación del mantenimiento del alumbrado público, Arriaga advirtió a los concejales que si ratificaran la norma observada, podrían incurrir en los delitos de abuso de autoridad y defraudación, penados con hasta seis años de cárcel. Mañana los concejales del MPP, la UCR y el PJ, que tienen los dos tercios de los votos, planean sesionar para ratificar la ordenanza. Esa mayoría basta para borrar el veto de Arriaga. Pero en el debate aparecerán las advertencias que lanzó el intendentes, que deterioraron más la relación entre ambos poderes. Desde el MPP, se recordó que la Constitución provincial dice que los concejales "no pueden ser molestados, acusados ni interrogados judicialmente en causa penal por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de sus mandato". La nueva Carta Orgánica parece modificar la Constitución rionegrina -que jurídicamente está por encima- al negarle fueros a los funcionarios electivos, pero consagra la "inmunidad de opinión a los efectos de la indemnidad del funcionario por sus manifestaciones, dictámenes o decisiones". Los concejales opositores analizarán si lo de Arriaga no es una amenaza que merece una denuncia penal. Una fuente oficial aclaró que esa inmunidad no protege al funcionario que provoca un daño al patrimonio municipal, como el que -dijo- harán los concejales si insisten con la norma vetada. El municipio licitó el servicio de mantenimiento del alumbrado público por un monto de un millón de pesos, pero aún no lo adjudicó. Incluyó una fórmula de actualización automática del precio a pagar al concesionario, que fue una de las objeciones de los concejales. La Contraloría también observó el hecho de que no haya previsión presupuestaria para el aumento respecto del contrato anterior. La ordenanza que sancionó el Concejo prohíbe las actualizaciones de precios. |
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