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Miércoles 7 de mayo de 2003 | ||
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Ordenan pasar contratados a planta permanente |
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La Cámara Civil ratificó dos fallos de primera instancia en favor de dos empleados contratados que habían sido despedidos. Desde ATE quieren negociar con los funcionarios la incorporación de 1.500 empleados estatales que están en la misma condición que los demandantes. El gremio pide saber cuáles son las áreas donde es más urgente la falta de personal. |
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Los dos casos corresponden a un joven estudiante de la carrera para contador de la Universidad del Comahue, que se desempeñó como pasante en el Tribunal de Cuentas. El otro es un ex auxiliar de enfermería en el hospital Castro Rendón. Ambos empleados, patrocinados por el abogado de la CTA, Mariano Mansilla y su colega Juan Kairuz, recurrieron a la justicia tras ser despedidos. Pidieron una medida cautelar para ser reincorporados hasta que se resuelva la cuestión de fondo, a la que el juez a cargo hizo lugar en diciembre de 2002 cuando fueron notificados de los despidos. Los fallos en primera instancia salieron favorablea a los empleados, pero la provincia lo apeló. El pasado 8 y 10 de abril la Cámara Civil lo ratificó. El argumento principal que esgrimieron los defensores, y al que los jueces hicieron lugar, fue que tal como lo establecen las leyes vigentes para los empleados públicos provinciales, una vez que se trabaja como contratado en el Estado por un período superior a los tres años y sin interrupción o cinco con interrupción, se tiene derecho a pasar a planta permanente y, consecuentemente, a obtener estabilidad laboral. Respecto a esto último, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén "ya sentó jurisprudencia sobre el asunto al ratificarlo en varias oportunidades y con diferentes casos", indicó el abogado Kairuz. "Río Negro" intentó ayer dialogar con el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, para saber si como representante del Estado provincial apelará la resolución. Pero el funcionario no respondió los llamados. De todas formas los defensores lo descartaron porque "el TSJ ya se pronunció sobre el tema". Según informó Raúl Dobrusín, dirigente de ATE, hay cerca de 1.500 empleados públicos provinciales en condiciones de ser incorporados a planta permanente. "Entre los que llevan tres años sin interrupción y cinco con interrupción", aclaró. Ante este panorama, el gremio estatal apunta a negociar con los funcionarios la incorporación para evitar la instancia judicial . En rigor, en el primero de los casos, José Oscar Escudero fue contratado a principios de 1997 en el marco de una convocatoria que realizó el Tribunal de Cuentas para estudiantes avanzados de la carrera Contador Público. Escudero quedó seleccionado y su contrato original vencía en diciembre de ese año. Sin embargo primero se lo renovaron por seis meses más y posteriormente se se hizo lo mismo hasta el 10 de diciembre de 2002, cuando fue notificado de su despido. "El único causante de despido de un empleado estatal es a través de una sanción, siempre y cuando se haga el sumario administrativo correspondiente y se pruebe el hecho", señaló Kairuz. "En ninguno de los dos casos ocurrió esto", agregó. El otro caso fue el de Pedro Espinoza, quien en enero de 1999 fue contratado como auxiliar de enfermería. El vínculo se prolongó hasta diciembre de 2002, cuando se le notificó su despido. ATE no irá a la Justicia NEUQUEN (AN).- "Queremos negociar para evitar ir a la Justicia y de esa forma generarle costos al Estado". Con esta frase Raúl Dobrusín definió la postura que adoptará ATE para lograr que los cerca de 1.500 empleados estatales que están contratados en la provincia sean incorporados a la planta permanente. Según dijo, en el marco de esta posible negociación el gremio apunta a "conocer cuáles son los sectores donde la provincia necesita el personal de forma más urgente para que sean designados en esos ámbitos". Si bien admitió que desde el gremio se estaba esperando la resolución judicial sobre los dos casos que se presentaron para definir los pasos a seguir, afirmó que la intención es evitar la vía judicial con los demás contratados. "Cualquier proceso judicial le va a generar costos altos al Estado y nosotros preferimos evitar esto. Queremos llegar a un acuerdo de forma racional con los funcionarios provinciales", sostuvo. |
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