Una campesina se entrega luego de violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los caminos fueron desbloqueados.

Lima (dpa/Reuters) - Un muerto, más de sesenta heridos y un número impreciso de detenidos es el saldo de una nueva jornada de violencia y tensión social vivida ayer en el Perú, pese al estado de emergencia vigente desde el miércoles en doce de los 23 departamentos.
Eddy Quilca, estudiante de 23 años, murió en la ciudad sureña de Puno cuando el Ejército reprimió con armas de fuego una protesta de universitarios, en el episodio más grave de la jornada. Un segundo alumno, Omar Sarabia, está muy grave, pero el director del hospital regional de Puno, Isaac Manzaneda, corrigió a noche (local) versiones de prensa que lo daban por fallecido. En tanto, la Federación de Estudiantes del Perú y la parlamentaria oficialista por Puno Paulina Arpasi aseguran que hay tres muertos, pero no hay confirmación al respecto y la versión ha perdido fuerza.
Lo que sí está confirmado es que hay alrededor de 46 civiles y 13 militares o policías heridos. Según el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, los militares tuvieron que defenderse cuando una turba de cerca de 2.000 personas pretendió agredirlos con diversos tipos de armas en inmediaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. Loret de Mola y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, fueron convocados de urgencia por el Congreso para que expliquen lo ocurrido en Puno y otras ciudades.
En Arequipa, segunda ciudad del país, las Fuerzas Armadas disolvieron en medio de enfrentamientos sendas marchas de profesores y de estudiantes, aunque no lograron evitar que los trabajadores del Poder Judicial, en huelga, tomaran brevemente la Plaza de Armas. En ciudades como Trujillo, Huancayo, Juliaca, Tacna y Pisco se realizaron movilizaciones del magisterio a pesar de que el estado de emergencia las prohíbe, mientras que otras localidades que están fuera de las medidas de excepción, como Cajamarca, Cusco y Jaén, también fueron escenario de marchas que transcurrieron pacíficamente o con alteraciones leves. En Lima, también incluida en la emergencia, la plana directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) desfiló sin problemas por calles céntricas, mientras que las Fuerzas Armadas disolvieron concentraciones de maestros en los populosos distritos de San Juan de Miraflores e Independencia.
El gobierno también afrontó paros cívicos por diversos motivos en los departamento selvátivos de Loreto y Madre de Dios, la provincia selvática de San Ignacio y la ciudad costera de Chimbote. En esta última, una manifestación popular fue disuelta a la fuerza por la Marina.
Los nuevos enfrentamientos han sido definidos por analistas como un claro desafío al estado de emergencia vigente, adoptado por el presidente Alejandro Toledo para poner fin a las alteraciones del orden público.
La medida suspende garantías individuales, como los derechos de reunión y manifestación, y autoriza practicar detenciones y allanamientos sin orden judicial.
Una encuesta difundida por la Universidad de Lima dijo sin embargo que un 52,2% de limeños estaba de acuerdo con la medida y un 41,3% la critica.

Compran más gases lacrimógenos

Lima (Télam-SNI).- El gobierno de Perú, jaqueado por una ola de protestas callejeras, declaró como urgente la compra de granadas y cartuchos lacrimógenos por valor de medio millón de soles (143.700 dólares), según una resolución del ministerio del Interior divulgada ayer en la gaceta oficial.
Advierte también que la no atención oportuna de dicho material "puede ocasionar grave riesgo al mantenimiento y restablecimiento del orden interno y del orden democrática". "La Policía Nacional no puede dejar de tener material de uso disuasivo, granadas lacrimógenas y cartuchos lacrimógenos, que le permita el cumplimiento eficiente y eficaz de su misión", precisa la resolución. Para facilitar la rapidez de dicha adquisición la eximió del proceso de licitación pública y se encargará de la misma la Dirección de Logística de la Policía Nacional.
Por otra parte, el titular de Educación, Gerardo Ayzanoa, advirtió que los docentes nombrados y contratados que no se reintegren a sus labores el lunes serán despedidos y reemplazados por maestros que deseen trabajar, informó al diario El Comercio . "Ya hemos tenido suficiente paciencia", dijo y precisó que el Ejército y la Policía garantizarán la seguridad de los alumnos.

Análisis: Rehén de sus promesas

La intención del presidente Alejandro Toledo de restablecer el orden público en el Perú mediante el estado de emergencia chocaba ayer con la rebeldía popular.
Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y manifestantes se reproducían en diversos puntos y se cobraban ya una vida en la ciudad de Puno, mientras que el número de heridos y detenidos crece. La acción militar le permitió por ahora a Toledo disolver la huelga agraria , pero ha sido insuficiente para retomar el orden en las calles, donde los profesores ganan adhesiones para sus protestas. Ningún colegio ha reiniciado tareas , pese a que el paro fue declarado ilegal.
Pero, según analistas, sacar a las tropas a las calles tiene riesgos. Los soldados, dotados de arsenal de guerra, no tienen la formación para reprimir a civiles y soportar provocaciones, y caen más fácil en excesos.
El gobierno de Toledo, apoyado por apenas el 14% de los peruanos y rechazado por el 80% según las encuestas, parece no hallar la ruta para enfrentar una agitación que tiene su origen en demandas sociales desatendidas por décadas y que se exacerbaron con su torrente de promesas electorales.
En otra paradojas de la política peruana, los peores días para Toledo provienen del mismo método usado por él para desvertebrar al régimen fujimorista: la movilización callejera popular.
Pero otros analistas afirman que Toledo sabrá librarse de ésta crisis, pues cuenta con buenos resultados macroeconómicos. La emergencia "hace más difícil el escenario, pero no es inmanejable", dijo el analista Luis Pacheco, de la Universidad San Marcos.