El allanamiento a la sede de "La Nación" fue ordenado por la jueza María Romilda Servini de Cubría. La medida tiene origen en la denuncia de un particular sobre la base de un artículo publicado por el periódico "El Guardián", en noviembre del 2002, en donde se cuestionaban aspectos societarios del diario. La Justicia se apoderó de libros de contabilidad, información que nunca antes había sido solicitada por autoridad judicial alguna, según afirmaron directivos de "La Nación". Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que "esto es de gran sorpresa en el mundo periodístico, tratándose de "La Nación", que en 134 años de historia y de tradición periodística no tuvo intervenciones judiciales de esta naturaleza". Molina dijo que la SIP permanecerá alerta ante el desarrollo de esta intervención judicial.
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