Los hechos más violentos se produjeron en la ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, donde unos 5.000 profesores al servicio del Estado se enfrentaron con la Policía, que aún está a cargo del control mientras intervienen los militares. Los choques dejaron un saldo no especificado de contusos y detenidos. Escenas parecidas se registraron en la ciudad de Huaraz, capital de Ancash, y en Iquitos, capital de Loreto.
En Lima, decenas de militares con chalecos antibalas y armas automáticas custodiaban el Congreso, tras desalojar a cientos de maestros públicos en huelga, mientras la policía dispersó con bastones y chorros de agua a manifestantes del sector judicial frente al Palacio de Justicia.
Las fuerzas de seguridad se apostaron en lugares estratégicos de la capital con vehículos blindados y tanquetas luego que el presidente Alejandro Toledo decretó en la noche del martes un estado de emergencia por 30 días para enfrentar las protestas.
La medida suspende garantías individuales, como los derechos de reunión y manifestación, y autoriza practicar detenciones y allanamientos sin orden judicial. En el interior del país, las fuerzas de seguridad "limpiaron" las carreteras de piedras y neumáticos quemados por agricultores , que reclaman una reducción de los impuestos y mejores condiciones sociales, según reportes radiales.
En la localidad norteña de Chiclayo, militares y policías arrojaron bombas lacrimógenas para dispersar manifestantes y hubo reportes de algunos heridos y huelguistas detenidos.
Muestras de vandalismo hubo entretanto en la localidad de Pativilca, en la sierra del departamento de Lima. En Pativilca, al norte de Lima, varias personas saquearon algunos vehículos varados por los bloqueos de caminos, y en Huánuco, en el centro del país, los manifestantes quemaron neumáticos y los mercados de esa ciudad cerraron sus puertas.
Dirigentes de los agricultores y del sector salud anunciaron en la tarde del miércoles la suspensión de sus protestas, pero los maestros de la enseñanza primaria y media del sector público anunciaron que continuarán con su huelga de más de dos semanas. "La huelga continúa, aún con policías y militares en las calles", dijo Nilver López, líder del sindicato de maestros públicos y que reune a 280.000 profesores.
"Una cosa es la democracia y otra cosa es que dentro de la democracia haya grupos que entiendan que la democracia significa destrucción de la paz", dijo el primer ministro, Luis Solari, a la radioemisora local RPP.
El gobierno, en un decreto publicado en el diario oficial, declaró ilegal la huelga de los maestros, que reclaman aumentos salariales, y anunció sanciones para quienes continúen en paro. Sin embargo la decisión pareció no surtir efecto inmediato, ya que muchas las escuelas públicas se veían vacías.
"Esto no es democracia, nos lanzan a los militares apenas se sienten incapaces", dijo la maestra Carmen Fajardo, de 58 años, quien junto a un grupo de sus colegas golpeaba en protesta un platillo de metal frente a una escuela pública.
Las manifestaciones y protestas violentas, así como las huelgas que afectaron los servicios de educación, salud y el sector agrícola, se han convertido en un dolor de cabeza para Toledo, cuya popularidad ha caído a un 14 % después de casi dos años de haber llegado al poder.
Las protestas se producen pese a que el mandatario ha logrado buenos resultados macroeconómicos: una expansión económica del 5,2 % el año pasado frente al avance de 0,2 por ciento el 2001.
Pero muchos peruanos creen que Toledo no ha cumplido sus promesas de reducir la pobreza, que alcanza a la mitad de los 27 millones de habitantes, y el desempleo, que bordea el 10 % de su fuerza laboral.
Dilema: disciplina fiscal o paz social
La ola de huelgas por aumentos salariales en Perú reveló las dificultades que sufre el gobierno para satisfacer las demandas sociales, en el marco de un ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, Javier Silva Ruete, advirtió que en caso de ceder a los reclamos y de persistir las huelgas la economía peruana "podría irse al diablo".
La decisión gubernamental de establecer el "estado de emergencia" por 30 días asomó como la alternativa del gobierno para cortar las protestas de los gremios docente y judicial, que exigen aumentos de salarios y agrario, que reclama una revisión del sistema tributario para reducir en 3% el IVA.
Satisfacer las demandas salariales de los maestros, le costaría al gobierno 200 millones de dólares. Ceder ante los reclamos agrarios representaría un costo de 20 millones de dólares. El gobierno está atado de manos en esta coyuntura, debido a que se comprometió con el FMI a no otorgar aumentos durante este año en la Carta de Intención.
La cadena de paralizaciones encontró a Toledo en su momento más débil de popularidad, con un 14% de aceptación en promedio y cuando le restan aún tres años de gestión.
Si se miran las cifras macroeconómicas, Perú está bien. En 2002 tuvo una inflación de 1,5%. Su riesgo país es de 400 puntos básicos. Será de los pocos países de América Latina que crecerá en el 2003 a una tasa de 4,0%. Pero las protestas transmiten la frustración de una población que no ve reflejado en sus bolsillos los beneficios de la bonanza económica tras 4 años de recesión. El 54% de los peruanos vive en la pobreza y el desempleo es del 9,4%.
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