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Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que los camaristas Luis Herrero y Juan José Etala, mas la disidencia de Emilio Fernández, ordenaron la devolución en efectivo de los montos descontados desde mediados de 2001.
El fallo abarca a todos quienes sufrieron descuentos, pues se produjo en una causa promovida por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
El lapso durante el cual los estatales y jubilados sufrieron el recorte va desde julio de 2001 hasta enero de 2003, cuando el Estado volvió a pagar los haberes sin el descuento.
Los camaristas consideraron "inaplicables por inconstitucionales las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del artículo primero del decreto 1819/02", que después de que la Corte decretara inconstitucional la poda, estableció que las diferencias se pagarían en bonos.
"En mérito al cambio sustancial operado en las variables de la economía y al envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones que el mismo trajo aparejado deviene inaplicable en la presente causa el segundo párrafo del artículo primero del decreto 1819/02", dijo en su voto el juez Herrero.
Pero el magistrado no se detuvo allí, e incluyó en su decisión una durísima crítica a los manejos administrativos del Estado: "hemos llegado a la situación de virtual quiebra del Estado porque los gobiernos de las últimas décadas ejercieron desorbitadamente el poder saliéndose de los carriles que fija la Constitución".
A modo de mea culpa, se preguntó, en ese contexto si la Argentina "habría llegado a la situación actual si el Poder Judicial hubiera tomado una actitud principista y se hubiera negado a apuntalar ese desmesurado avance del poder estatal".
"¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si la Corte Suprema de Justicia se hubiera negado a convalidar las distintas leyes de emergencia económica?", insistió.
Etala compartió los fundamentos de Herrero, pero el tercer integrante de la Sala Dos de la Cámara (Fernández) planteó una vieja cuestión en debate en la Justicia, cual es la "legitimación activa" del ombudsman nacional para actuar en representación de todos los damnificados.
En ese sentido, se pronunció en contra de esa capacidad del Defensor del Pueblo y votó por rechazar su planteo.
Se espera que el gobierno apele esta decisión, por lo que la decisión final recaería en la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene otros casos en estudio.
El primer reclamo de los piqueteros
BUENOS AIRES (DyN) - Unos cuatro mil piqueteros, encabezados por el dirigente de jubilados Raúl Castells, entregaron hoy un petitorio en Casa de Gobierno dirigido al presidente Néstor Kirchner, en el que reclamaron que se dé prioridad a los desocupados para poner en marcha las obras públicas y se aumenten los subsidios para desocupados de 150 a 300 pesos, entre otras reivindicaciones.
Luego de dejar el documento en la sede gubernamental -en manos Héctor Pérez, el secretario privado del secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli-, los manifestantes, algunos de los cuales portaban herramientas de trabajo, como palas, "simbolizando que lo que queremos es trabajar, no que nos den limosna", iniciaron una recorrida por los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Educación para extender allí sus exigencias.
Durante la manifestación, que había sido anticipada a horas de la asunción del presidente Néstor Kirchner, Castells indicó que "pedimos ingresar a los planes de obras públicas y condiciones de vivienda que anunció el Gobierno.
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