Lavagna realizó ayer una serie de anuncios para delinear las primeras medidas económicas del gobierno de Néstor Kirchner.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció ayer la asignación de ocho millones de pesos para poner en funcionamiento efectivo los juzgados especializados en la lucha contra la evasión impositiva.
Como parte de los primeros anuncios económicos, anticipó también que en las próximas tres semanas se pagarán reintegros por exportaciones a unas 700 pequeñas y medianas empresas por un total de 159 millones de pesos.
El ministro dijo que el Gobierno no impulsará la privatización de los bancos públicos . Y tampoco dará una nueva prórroga para las ejecuciones hipotecarias, en un claro mensaje para llevar tranquilidad a los reclamos del FMI.
Entre las medidas figura también el comienzo de una negociación para que no vuelvan a subir los precios de los combustibles. Y se espera para hoy la aprobación en el Senado de la reforma del impuesto a los combustibles y la ley antisecuestros.
Respecto a los reintegros por exportaciones, Lavagna precisó que "el objetivo es financiar el mejoramiento del capital de trabajo que normalmente les cuesta mucho conseguir y de esa manera asegurarnos de fortalecer la presencia de las pymes en la exportaciones de Argentina", explicó.
Lavagna brindó los anuncios luego de mantener una breve reunión con Néstor Kirchner para ultimar los detalles de las primeras medidas económicas.
En su primer mensaje a la población, tras jurar el domingo en el Congreso, Kirchner anticipó que llevaría a cabo una fuerte lucha desde el Estado contra los que no pagan impuestos y prometió "traje a rayas para los evasores" fiscales.
Dos días después del discurso, el ministro de Economía anunció la asignación presupuestaria para poner en funcionamiento tres juzgados nacionales en lo penal tributario, una defensoría pública oficial y otros tres tribunales para ejecuciones fiscales.
Los primeros tendrán como función la instrucción e investigación de los delitos tributarios y los segundos se centrarán en asegurar que el Estado cobre las deudas de los evasores.
"Los juzgados ya estaban designados pero había cuestiones presupuestarias que ahora quedan resueltas" para su efectivo funcionamiento con la disposición de 8 millones de pesos, explicó Lavagna.
De todos modos, es importante señalar que según la opinión de experto tributarias, el problema de la evasión en la argentina no pasa sólo por una mejora presupuestaria para la justicia, sino que hay un problema estructural en el sistema tributario.
El ministro remarcó que los juzgados especiales "garantizan un tratamiento infinitamente más corto de lo que ocurría en los tribunales ordinarios" en cuando a las acciones del Estado contra los evasores fiscales.
Cuando se le consultó si había instrucción presidencial para apuntar directamente contra los grandes evasores, Lavagna dijo que la Administración Federal de Ingresos Públicos ya trabaja sobre ese sector de contribuyentes.
"La AFIP tiene una información muy detallada de la acción llevada en el último año. En general no se trata precisamente de pymes, sino de empresas de mayor magnitud. Se ha concentrado el esfuerzo de seguimiento y control donde hay mayor capacidad de pago", sostuvo.

Reformas estructurales en los bancos

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció que los bancos que soliciten un plazo de 120 meses para refinanciar sus deudas con el Banco Central "deberán aplicar reformas estructurales". Además, descartó que se busque una privatización de la banca pública y dijo que esas entidades "no van a absorber" las hipotecas privadas.
El ministro negó un enfrentamiento con el titular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, al señalar que la nueva Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero "no se creó para quitarle atribuciones a nadie".
Esa nueva comisión analizará el sistema de compensación entre las deudas que por redescuentos mantienen los bancos con el Banco Central, con el crédito que las entidades financieras tienen del Estado por tenencia de títulos públicos. Lavagna consideró que "sería absurdo que el Banco Central no interviniera en un proceso de reestructuración del sistema, porque la Superintendencia del Banco Central tiene toda la información de las entidades financieras".
Dijo que se decidió crear la comisión con el Banco Central "para atender algún tipo de caso, no todos los casos". Señaló que "los casos comprendidos hoy son los de los bancos que van a pedir una extensión del "matching" o compensación de 70 a 120 cuotas". Explicó que la mayoría de las entidades del sistema "está incluido en esas 70 cuotas, pero hay algunas entidades, por las características de los papeles públicos que tienen, que probablemente requieran un período adicional". (DYN)