Es que la iniciativa, firmada el martes por el presidente Duhalde, constituye -según la CAC-, una distorsión en la libre competencia, sana y transparente, que debe regir el desarrollo de los negocios en la actividad privada.
En este sentido, la CAC entiende que, en un marco de crisis económica por la que viene atravesando la actividad en su conjunto, esta decisión no constituye, precisamente, un aporte a la recuperación del sector de los medios de comunicación.
Asimismo, la entidad habiendo ya adherido a la solicitud de derogación de la norma presentada por la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Televisión Privada (ATA), considera oportuno señalar que la iniciativa en cuestión compromete la supervivencia de los medios de distintas regiones del país.
Finalmente, la CAC en orden a la defensa y promoción de la actividad privada como motor de desarrollo y crecimiento, considera necesaria la revisión de la norma, a fin de no perjudicar la difícil situación en la que se encuentra el sector de los medios de comunicación.
Previamente -y temprano en su habitual conferencia de prensa que brinda todas las mañana-, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, defendió ayer el cuestionado decreto de necesidad y urgencia. Para el ministro coordinador "el gobierno nacional entendió que son un instrumento que van a tener los municipios y las provincias para poder llevar adelante su gestión", explicó Atanasof, quien al mismo tiempo negó que se trate de una medida política especulativa. Según el funcionario, la medida se adoptó para "para fortalecer la gestión de los municipios y las provincias. La comunicación es elemental para que el ciudadano pueda conocer las acciones de gobierno", sostuvo.
Por su parte, el diputado nacional por Acción por la República, Guillermo Cantini, presentó un proyecto para anular el decreto. En los fundamentos que esgrime el legislador, aduce que el decreto "no fue dictado en circunstancias excepcionales que justifiquen la sustitución de los trámites ordinarios, estipulados por la normal sanción de las leyes". Asimismo, asegura que, dejando de lado el amplio debate que hace falta acerca del papel del Estado en el manejo mediático y la aplicación de modernas políticas de radiodifusión, "sólo queremos dejar constancia en este caso del mal empleo de los controvertidos decretos", concluyó. (DyN/Télam)
Aerolíneas irá a la Justicia
Aerolíneas Argentinas (ARSA) considera que la renegociación del contrato de explotación de los aeropuertos nacionales por parte de Aeropuertos Argentina 2000, incurre, en principio, en ignorancia de una medida judicial precautoria emanada del Juzgado Federal Nº 5, a cargo de la doctora Susana Córdoba, dada a conocer el 22 de abril.
En un comunicado, ARSA remarca que "en ese dictamen, la jueza federal resolvió que Aerolíneas Argentinas, en su carácter de usuaria en la infraestructura concesionada de AA 2000, debe participar en la renegociación del contrato de concesión de aeropuertos "en resguardo de sus legítimos derechos", y dispuso la suspensión de la continuidad del proceso de renegociación de dicho contrato entre AA 2000 y el Poder Ejecutivo Nacional, previsto en el decreto N° 1535/02". (DYN)
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