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Uno de los asuntos más espinosos para las próximas autoridades será el reiterado reclamo de las empresas privatizadas de servicios públicos de aumentar las tarifas en medio de un delicado cuadro social. Las eléctricas dijeron ayer que si ello no ocurre puede registrarse una "indisponibilidad de servicios".
Pero la decisión más inquietante provino ayer del FMI, al demorar una revisión de la economía nacional luego de que recientemente el gobierno dijera que no vetaría una ley del Congreso que aplazó el poder de los bancos para actuar contra los deudores de créditos morosos.
"La revisión aún no ha sido concluida", alertó Tom Dawson, vocero del organismo. "No tengo una fecha para una posible acción del directorio (sobre la revisión)".
Una misión visitó recientemente al país para iniciar la segunda revisión de un programa transitorio acordado en enero, que básicamente reprogramó los vencimientos de la deuda con los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial.
Argentina dejó de pagar a sus acreedores privados desde principios del año pasado.
"Claramente ha habido temas en el lado estructural. El tema de las garantías nos ha preocupado", señaló ayer Dawson.
Las ejecuciones bancarias están suspendidas desde febrero del 2002, cuando la explosión de la crisis económica en el país dejó a miles de familias y empresas sin capacidad de pagar los préstamos que habían tomado.
El 16 de mayo, el gobierno dijo que no vetaría la ley que aplazaba las ejecuciones, dejando la decisión en manos de Kirchner.
Dawson dijo que "era bien sabido" la preocupación del FMI sobre las ejecuciones bancarias. "Deseamos escuchar de las autoridades sobre cuáles serán sus pasos en esta área".
Otro de los temas que según el acuerdo firmado entre el FMI y Argentina debía resolverse es la compensación a los bancos que operan en el país por no poder indexar algunos de los préstamos que otorgaron pese a la inflación del 41 por ciento del año pasado.
El presidente Eduardo Duhalde estuvo a punto de firmar un decreto emitiendo bonos que serían entregados a los bancos por unos 3.000 millones de dólares, pero en el último minuto decidió dejar el tema en manos del Congreso, lo que presupone largas semanas de análisis. Lavagna respondió con vehemencia al ser consultado acerca de esa medida que exige el FMI: "Eso está en el Congreso, le guste o no le guste" al FMI, dijo el ministro.
Las alertas del FMI son sólo anticipos de las complicadas negociaciones que le esperan al gobierno de Kirchner con el organismo para renovar el programa transitorio que termina en agosto.
En cuanto a la batalla que se avecina por las tarifas de los servicios, el designado ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo que no habrá ajustes sin una previa renegociación de los contratos. Añadió que "se respetará la seguridad jurídica a rajatabla. Pero hay que abrir los contratos, ver las inversiones que se han hecho realmente, chequear las tarifas cobradas y las ganancias obtenidas. No significa volver a negociar todo, pero hay que analizar los contratos", insistió sobre los reclamos de las compañías de servicios públicos.
El titular de la Cámara Argentina de Inversores en el Sector Eléctrico, Francisco Mezzadri, volvió a la carga ayer y advirtió que sin un urgente ajuste de tarifas puede registrarse una "indisponibilidad de servicios".
Las empresas privatizadas de servicios públicos desde hace meses reclaman ajustes de tarifas alegando pérdidas por la devaluación que elevó sus deudas en dólares, mientras cobran a los usuarios en pesos.
Boden para viviendas
El Ministerio de Economía convocó anoche a una nueva licitación para la aplicación de BODEN 2012 a la construcción de viviendas dentro de proyectos individuales.
Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría de Finanzas señaló que la operación se concretará entre el 10 y el 18 de julio.
La recepción de ofertas se realizará de 10 a 16 en la oficina 710, en el 7mo piso del Ministerio de Economía. Luego de la primera operación el cupo remanente para el rescate de BODEN 2012 es de 65.500.000 dólares, equivalentes a 127.000.000 pesos.
El parte ratifica la "totalidad de la normativa vigente" en lo que respecta a la documentación a presentar, fijándose el 28 de julio de 2003 como la fecha para la apertura de los sobres con las ofertas económicas.
Hay 6.000 millones para obras públicas
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, ratificó ayer ante empresarios de la construcción que se disponen de 6.000 millones de pesos para iniciar las obras públicas y el gobierno de Kirchner está convencido que "resulta clave para recuperar y consolidar el crecimiento, con creación de empleo".
"A pesar de cierta escasez de recursos, la obra pública ha sido puesta en el primer orden de las prioridades del nuevo gobierno y ello es una muy buena señal", afirmó Lavagna.
Con todo, el ministro refirió que "más que la limitación de los recursos económicos, la preocupación debe estar puesta en cómo superar los problemas de administración de esos fondos, para una aplicación mas eficiente". Lavagna se excusó de dar detalles sobre el programa o plan de obras públicas, señalando ante los empresarios que ello es una tarea que corresponde al designado ministro de Planificación, Julio De Vido.
No obstante, Lavagna fue consultado sobre los recursos disponibles para financiar obras públicas, y al respecto detalló que "en el Presupuesto (nacional) hay asignados 3.500 millones de pesos, otros 1.000 millones en diversos fondos fiduciarios y créditos desembolsables de organismos internacionales por 800 millones de pesos".
"Son casi 6.000 millones de pesos para empezar, de modo que por eso insisto que el mayor problema no es financiero sino de criterio de administración de los recursos", remarcó. (DYN)
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