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Lagos busca enfrentar de mejor manera la segunda mitad de su mandato, tras una magra primera fase empañada por el mal clima económico mundial y una serie de conflictos internos insospechados cuando asumió en el 2000.
El mensaje de Lagos, difundido por la televisión y la radio, tuvo un tono optimista, pese a las denuncias de corrupción que apuntan a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que recibieron remuneraciones adicionales o "sobresueldos" con aportes de empresas privadas.
"Cada vez que se descubra a un funcionario público corrupto, dejándose corromper por intereses privados o de cualquier tipo, mi Gobierno será intransigente en la aplicación de la ley", advirtió Lagos. "Hemos cooperado y seguiremos cooperando con los tribunales de justicia para que aclaren los casos de corrupción y se castigue ejemplarmente a los culpables, si los hubiere", precisó.
Para contrarrestar las acusaciones de corrupción, el gobierno lanzó una serie de proyectos de ley, algunos aprobados y otros en trámite, que buscan sentar las bases para una modernización del Estado que elimine las áreas permeables a irregularidades, sobornos o tráfico de influencias. Lagos sostuvo que "Chile no merece caer prisionero de gente corrupta", al referirse a los procesos iniciados hace siete meses, que afectan a decenas de funcionarios, incluidos el ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz y cinco diputados de los partidos de la oficialista Concertación Democrática.
"Hoy se perciben síntomas de reactivación de nuestra economía", proclamó el gobernante en su cuenta anual de la marcha administrativa del Gobierno, que rindió ante el Senado y la Cámara de Diputados en la sede legislativa en Valparaiso (100 km al oeste de Santiago).
Lagos afirmó que la tarea inmediata es convertir el repunte "en crecimiento sostenido y el crecimiento en bienestar de todas las familias chilenas". La economía chilena luce este año cuentas fiscales sanas, una alta acumulación de reservas y bajo endeudamiento .
En el plano político, Lagos insistió en su propósito de reformar la Constitución heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). "A treinta años del quiebre de la democracia en Chile, podemos mirar con serenidad el camino del reencuentro recorrido y de lo que aún queda por hacer para cerrar las heridas a través de la justicia y la verdad", afirmó, en alusión a juicios contra ex jefes militares acusados de muertes, torturas y desapariciones.
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