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Jueves 8 de mayo de 2003 | ||
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Declararon "imprescriptibles" los crímenes de la última dictadura |
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Lo dice un fallo de la Cámara Federal de La Plata. |
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La Cámara adoptó la decisión al ordenar que se revoque el sobreseimiento por prescripción y se vuelva a investigar a un ex comisario por la presunta destrucción de documentación donde habría quedado constancia sobre el destino de cientos de desaparecidos. La desaparición de esos registros -ocurrida ya durante el retorno de la democracia- "prolongó la desaparición forzosa" de las víctimas, dijeron los jueces. La resolución abre la puerta ahora para que otros delitos que ocurrieron durante la última dictadura, conexos a los crímenes de lesa humanidad del régimen de facto, puedan ser investigados y castigados, pese a los años que transcurrieron desde entonces. "Es la primera vez en la Argentina que se declaran imprescriptibles los delitos conexos" a la desaparición de personas, dijo el camarista federal Leopoldo Schiffrin, quien junto al juez Julio Víctor Reboredo firmó la resolución. Es que el fiscal federal Félix Crous, que impulsa el proceso por el "Juicio por la Verdad" que se sustancia en esta ciudad para conocer el destino de más de dos mil personas que desaparecieron en La Plata y su zona de influencia durante la dictadura, había apelado el sobreseimiento por prescripción del comisario retirado Carlos Alberto Navarro, dispuesto por el juez federal Manuel Humberto Blanco. Navarro fue secretario del médico policial Néstor De Tomas, señalado como el último funcionario que habría tenido en sus manos 23 libros de partes médico-legales de la morgue que funcionó en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, según remarcó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata. En esos libros quedaron asentadas las características físicas y las causas de muerte de varios desaparecidos cuyos cadáveres habrían sido luego arrojados a la calle y rotulados como caídos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según indicó la entidad. Esa documentación -según explicó- habría estado en manos de la Justicia hasta 1986 y se los habría devuelto a De Tomas, entonces a cargo de la Dirección de Sanidad de la Policía. Pero De Tomas negó esa aseveración tres veces en el marco del juicio y sostuvo que ese material había quedado en la Dirección de Sanidad, algo que fue desmentido por su jefe de entonces. Así, ante la Justicia, De Tomas quedó como "único responsable" del destino de los libros (porque no existía documentación en contrario) y por eso fue denunciado en 1999 por supuesto encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez Blanco lo sobreseyó por el tiempo transcurrido de ese presunto delito y, como esa sentencia no fue apelada, De Tomas quedó libre de culpa y cargo. Pero en el 2001, se explicó, los jueces de la Cámara Federal recibieron una denuncia anónima que responsabilizaba a Navarro por la supuesta quema de los libros y presuntas amenazas a una ex funcionaria de la Dirección de Sanidad policial. Aunque la mujer negó esas intimidaciones, la Cámara Federal llamó a Navarro a declarar y el ex policía se negó a responder las preguntas. Así, el fiscal Crous lo denunció como sospechoso de "sustracción, ocultación, destrucción e inutilización de objetos destinados a servir de prueba". La causa recayó en el juzgado de Blanco, quien entendió que el tiempo transcurrido obligaba a sobreseer al imputado. Pero el fiscal apeló y la Cámara, al darle ahora la razón, ordenó que se abra una investigación sobre el tema. |
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