Colombia: Uribe ratifica "mano dura" a guerrilleros

El asesinato de 10 rehenes por las FARC indignó al país.

Los desacuerdos que traban el diálogo

La guerrilla de las FARC y el gobierno mantienen grandes diferencias sobre un acuerdo humanitario. Estos son:
* Participación de la ONU. El presidente Uribe señala que cualquier negociación debe hacerse a través de Naciones Unidas por considerar que las FARC han engañado a anteriores gobiernos. Los rebeldes quieren un diálogo directo, sin intermediarios
* Desmilitarización. Las FARC exigen desmilitarizar una zona para negociar y entregar allí a los liberados de cada bando, pero Uribe rechaza enfáticamente esa posibilidad.
* Quiénes serán liberados. El gobierno señala que un eventual acuerdo debería liberar a todos los civiles y uniformados en poder de las FARC (unos 800), mientras que la guerrilla sólo menciona a unos 50 militares y a una veintena de políticos Los insurgentes reclaman la liberación de todos sus militantes presos (unos 600 a 1.000 ), mientras que el Estado señala que sólo saldrían quienes no hayan cometido delitos de lesa humanidad.
* Destino de los liberados. El gobierno plantea que los rebeldes que salgan de prisión deben irse a otro país y dejar las armas, lo cual es rechazado por las FARC, que desean que éstos sean liberados en el sitio de intercambio.

Análisis: Una sociedad dividida por el dolor

El asesinato en cautiverio de diez rehenes, incluidos un gobernador y un ex ministro, dio paso en Colombia a una de las discusiones que más heridas abiertas ha dejado: la conveniencia del uso de la fuerza para el rescate de las personas en poder de la guerrilla.
El espinoso tema salió de nuevo a la luz pública después de que el presidente Alvaro Uribe confirmó que el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, al ex ministro y asesor de paz Gilberto Echeverry y ocho uniformados -todos en poder por las FARC- fueron asesinados a sangre fría por los rebeldes, en momentos en que las tropas intentaban su liberación.
Mientras el mandatario habló de una matanza, las FARC dijeron que se había tratado del desenlace de un operativo militar ordenado por el "gobierno fascista de Uribe", a quien responsabilizaron del hecho. Sin embargo, el jefe de Estado descalificó como "absolutamente falsas" esas declaraciones, al tiempo que arremetió contra los líderes insurgentes, a quienes tildó de "terroristas y matones profesionales".
De la guerra de improperios en la que desde hace tiempo cayeron las FARC y el jefe de Estado sólo queda en claro una cosa: la posibilidad de un canje de secuestrados por rebeldes presos está en punto muerto.
Uribe recalcó que bajo su gobierno no habrá un intercambio humanitario que ponga en riesgo la viabilidad de su política de seguridad, lo que en la práctica supone decir que el Ejecutivo no cederá a las exigencias de los insurgentes. El distanciamiento entre las partes hace creer a muchos que la discusión sobre un intercambio humanitario transcurrirá a partir de ahora paralela al debate acerca del uso de la fuerza como alternativa para resolver al drama de los secuestrados.
En este último aspecto, los colombianos dividen opiniones. Mientras que los familiares de los rehenes y otros sectores rechazan tajantemente la opción de un rescate militar por poner en riesgo a su seres queridos, el Ejército y grupos afines al gobierno no la descartan.
Y a pesar de que en esta oportunidad, las Fuerzas Militares pudieron incurrir en una acción imprudente, lo cierto es que las autoridades también tienen logros que mostrar en la lucha contra el secuestro. El más reciente fue la liberación en noviembre sanos y salvos del presidente de la Consejo Episcopal Latinoamericano, monseñor Jorge Enrique Jiménez, y un sacerdote secuestrados por las FARC.
Aunque la discusión recién comienza, todos coinciden en que el tema de los rehenes profundizará la polarización entre aquellos que defienden el uso legítimo de la fuerza y los que optan por una solución negociada.