Martes 27 de mayo de 2003 | ||
Gestión municipal en la Argentina | ||
Por María Victoria Urdinez |
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La década de 1980 en América Latina estuvo signada por una grave crisis económica que incluía el quiebre parcial de los lazos financieros y comerciales con la economía mundial y el estallido del conflicto de la deuda externa. En el aspecto político dichos países, que durante la década del "70 fueron gobernados de facto por dictaduras militares, entran en los "80 en un proceso de transición a la democracia. El agotamiento de la matriz Estado-céntrica, vigente hasta entonces desde los años "30, contribuyó -como señala Cavarozzi- a dificultar la principal tarea de los gobiernos de la transición democrática: la consolidación de un orden político estable. Todo lo cual se vio agravado por la globalización de la producción y la tecnología y por el achicamiento del crédito internacional. Para alcanzar tan difícil meta, los gobiernos transicionales buscaron incentivar la participación popular por medio del sistema formal de partidos, los nuevos esquemas institucionales y la reapertura del debate público sobre las diferentes temáticas concernientes a la sociedad. El objetivo de consolidación democrática fue alcanzado en términos aceptables por dichos gobiernos transicionales, pero culminaron envueltos en un fuerte estancamiento económico y una gran escalada inflacionaria. Frente a las dimensiones de la crisis, los EE. UU. y países desarrollados de la OCDE diseñaron un enfoque con gran influencia sobre los gobiernos latinoamericanos en la década siguiente: el "enfoque" de Washington, el cual se apoyaba en teorías críticas del keynesianismo económico y en tendencias neoliberales de la nueva derecha. Tales medidas tenderían a promover la estabilización de la economía a través del ajuste fiscal y de la adopción de políticas ortodoxas bajo el dominio del mercado, y a efectuar una drástica reducción del Estado. De este modo, América Latina podría integrarse al nuevo capitalismo globalizado. A pesar de la aplicación de las recetas de estabilización, liberalización y privatización de la economía por parte de los gobiernos latinoamericanos durante los "90, los resultados prácticos no fueron los esperados. Tal como lo advierte Bresser Pereira, países que han logrado estabilizarse y que emprendieron reformas liberalizantes (como Argentina) no retomaron el crecimiento. En el caso de la Argentina, la primera ola de reformas estructurales del Estado bajo el Consenso de Washington se aplicó en la etapa inicial del gobierno de Menem, entre 1989 y 1990, y tuvieron como rasgo distintivo el hecho de que la emergencia económica llevó a que la política de estabilización y la de reformas fueran incorporadas a un mismo paquete de políticas, donde la segunda tendió a organizarse en función de la primera. Entre las mencionadas reformas se incluyen: privatizaciones de las empresas públicas, liberalización comercial y reforma tributaria. La transformación realizada en la Argentina en el tamaño y papel del Estado nacional fueron muy radicales y desmantelaron el Estado de bienestar de las décadas anteriores. Otro fenómeno importante de la reforma del Estado fue la descentralización y transferencia de funciones desde el Estado Nacional hacia el ámbito subnacional. "Con la descentralización, el Estado central tira la crisis para abajo, primero hacia las provincias y de éstas hacia las comunas". Una consecuencia inmediata es que los gobiernos provinciales y municipales adquirieron nuevas responsabilidades sin la correspondiente capacidad de gestión necesaria. Esto se tradujo en altos grados de ineficacia en el cumplimiento de los programas de gobierno. Otra consecuencia es que al no haberse transferido los recursos necesarios para afrontar estas funciones por medio de la recaudación impositiva, aumentó la dependencia de los gobiernos subnacionales a la coparticipación federal. Todo esto, sumado a la crisis económica atravesada por la mayoría de las provincias, provocó mayor endeudamiento. Entre las responsabilidades delegadas se destacan las políticas sociales, principalmente la salud y la educación, las cuales quedaron deslegitimadas por el deterioro de los recursos y la ineficiente administración del gasto social. Por otra parte, la caída de la calidad de las prestaciones sociales provocó privatizaciones de "hecho", donde las propias familias asumieron los costos en materia social, quedando gran parte de la población excluida. Tanto en salud como en educación se observa la transferencia tanto de la enseñanza como de hospitales desde el ámbito nacional hacia las jurisdicciones locales. Como lo demuestran Lo Vuolo y Barbeito, hacia 1991 se dispuso la transferencia a las provincias de los establecimientos de enseñanza media que estaban bajo jurisdicción nacional (ley 24.049), junto a la de la educación superior no universitaria. En cuanto al sistema de salud argentino, en julio de 1992 se firmó el decreto 1.269 en el que se define la descentralización administrativa del sector público, momento a partir del cual se realiza el traspaso de casi 30 hospitales de la Nación a varias provincias y, en algunos casos, se producen transferencias de éstas a los municipios. Simultáneamente, se fue reduciendo la capacidad operativa de los hospitales públicos en áreas "no viables" financieramente. El impacto de tales medidas descentralizantes sobre los gobiernos locales, si bien provocó los problemas antes mencionados, también generó un conjunto de nuevas oportunidades y desafíos. Entre estos últimos encontramos: Mejorar la capacidad de gestión social de los gobiernos locales a través de un fortalecimiento de los vínculos con la sociedad civil para involucrarlos en el control e implementación de la política social. Para ello resulta necesario establecer nexos con las nuevas formas de organización social, fomentando el trabajo en conjunto. Por lo tanto, los cambios producidos en la relación Estado-sociedad han modificado las pautas de funcionamiento del aparato público local y de los actores sociales, potenciando el surgimiento de un conjunto heterogéneo de organizaciones desarrolladas desde la propia sociedad civil que obligan a un análisis profundo respecto del rol del municipio en materia social, de las posibilidades de las organizaciones y de las perspectivas de trabajo conjunto en el ámbito local. Otro desafío que se les presenta a los gobiernos municipales consiste en articular sus acciones con la pequeña parte organizada de la sociedad, con el fin de ampliar el modelo de la gestión municipal a algo más que sólo el equipo de gobierno de turno. Asimismo la importancia de lo local como centro de gestión de lo global lo podemos observar en los ámbitos económicos, culturales y políticos. En lo económico: los gobiernos municipales pueden mejorar las condiciones de competitividad de las empresas locales a nivel internacional saltando las instancias nacionales. En lo cultural: el gobierno local debe lograr una integración cultural en sociedades cada vez más diversas. En lo político: las instituciones locales deben adquirir un papel más político y de representación que los estados nacionales han dejado vacantes. Dos de las ventajas con las que cuentan los gobiernos municipales para afrontar tales desafíos son: por un lado, tienen una mayor capacidad de representación y legitimidad con respecto a sus representados y, por otro lado, tienen más flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de maniobra en el contexto cambiante de la globalización. "Lo novedoso es que se intensifica la búsqueda de las potencialidades locales, la que involucra a empresarios, productores, estudiantes, intelectuales y organizaciones económicas". En suma, partiendo de la problemática de las reformas del Estado tendientes al achicamiento del aparato estatal nacional y al retroceso y descentralización de sus funciones sociales implementadas en los "90 en la Argentina, pretendí analizar su influencia sobre los gobiernos subnacionales (principalmente municipales). Asimismo, busqué iluminar una problemática de gran actualidad y cercanía, que nos permitirá, a partir del conocimiento de la realidad en la que nos encontramos, tomar plena conciencia de las nuevas dificultades surgidas y, al mismo tiempo, aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas para enfrentarlas. |
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