Lunes 12 de mayo de 2003
		Después de la elección
		Por Pedro J. Frías
		Cuando las instituciones son estables, toda elección es una oportunidad. Cuando no lo son, la elección alimenta la incertidumbre. El lector ya conoce los resultados de la primera vuelta electoral. Veamos pues los desafíos que siguen. Sin duda, dado que han competido seis candidatos importantes y sólo algún partido, la fragmentación de la sociedad civil y política se ha manifestado en el escrutinio. Quizás jamás en la historia del país, los que disputarán el ballottage han tenido menos votos. La primera propuesta es invitar a la sociedad a votar positivamente en la segunda vuelta. Con dudas o sin ellas, con repugnancia o sin ella, hay que analizar el mal menor. La hipótesis es correcta para la sensibilidad de mucha gente. El mal menor es aceptado en la doctrina de la Iglesia como una posibilidad cierta, aunque no deseable. Si Argentina quiere construir su futuro, no debe haber abstención, ni voto en blanco, ni voto nulo, como ya para nuestra tranquilidad sucedió el 27 de abril. Tendremos que esforzarnos para dar una base al que asuma la enorme tarea de reconstrucción. La segunda propuesta es construir los consensos necesarios para la gobernabilidad. No creo que el presidente elegido tenga el carisma ligado a la tradición del presidencialismo argentino. Además, la gobernabilidad va siendo otra cosa: la interacción de los órganos gubernamentales y no gubernamentales para una acción mixta, pública y privada. Los empresarios saben de esto más que cualquier otro sector de la sociedad. En el Congreso, antes de la elección del 27 de abril, se insinuó un pacto de gobernabilidad, porque la nueva presidencia heredará un Parlamento que no nace de la última elección, fraccionado como nunca y distraído. ¿Cómo obtener rápidamente las múltiples leyes necesarias? Necesitamos políticas de Estado, que son las ejecutadas por gobiernos sucesivos, aunque sean de distinto signo cívico. Conciernen a todos las áreas de la política, la economía y la cultura. Creo que en los anuncios programáticos de los candidatos hay cierta proximidad, pero no conocemos la coherencia que pueda alcanzar la ejecución. ¿Cómo se aplicarán los fondos sociales para crear empleo? ¿Qué se hará con la deuda externa? ¿Qué con la coparticipación federal impositiva? ¿Cómo se obtendrá equilibrio fiscal? El cuarto desafío concierne a la paz pública. El gobierno debe respetar el orden legal, porque los descontentos pueden recurrir a las convulsiones a las que nos vamos acostumbrando con pesar. Desde los cortes de ruta -delito impune- a la evasión fiscal, todo debe cambiar. Recuperar la seguridad supone autoridad moral del poder estatal, medios preventivos, aplicación de la ley, con firmeza y mansedumbre. Pero vamos acumulando tantas expectativas, que nos preguntamos sobre la sensación de legitimidad. Porque ella es la que permite mantenerse a los descontentos en la legalidad. El nuevo gobierno será reconocido como legal, por su origen, pero ¿legítimo? Se argumentará que los votos de la primera vuelta fueron habituales de las minorías perdedoras. Y entonces, de nuevo, que se vayan todos. Y de ahí, repito, es indispensable el consenso para la gobernabilidad. Yo soportaré con calma coaliciones que no serán de mi preferencia, acuerdos para fortalecer la mayoría. En fin, me remito al Acuerdo de San Nicolás. Recuérdese que allí se reunieron gobernadores opuestos, que afrontaron las cuestiones urgentes que eran también las necesarias, que simularon olvidar sus rencores y perdonaron los mutuos agravios, para pensar el futuro. Hace 150 años, por el Acuerdo llegamos a la Organización. Así, con mayúscula. El espíritu de reconciliación debe prevalecer, junto con la justicia deseable, la equidad social, la productividad aún de riesgo, la conversión de la vieja política por una más eficaz y transparente. ¿Sueño? No, todavía es posible. (*) Presidente honorario de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
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