Jueves 8 de mayo de 2003
 

Más que un proyecto,
una visión estratégica

 

Por Luis Felipe Sapag

  Chihuido II es un proyecto muy beneficioso para Neuquén. A la vez que celebro que el actual gobierno haya continuado la iniciativa de construirlo, lamento que mi compañero y amigo Rubén Etcheverry esté en oposición a él. Como polemizar con argumentos no significa ninguna ofensa, entonces seguro que nuestra amistad no sufrirá deterioros.
Es importante recordar el origen del proyecto Chihuido II. En el último gobierno de Felipe Sapag se lanzó una iniciativa denominada Plan Neuquén 2020, concebida desde el Copade pero consensuada con toda la comunidad. El programa tuvo aceptación porque propuso un cambio estratégico en el modelo de desarrollo de la provincia, pues no es sustentable el actual esquema de utilizar la renta petrolera en gastos necesarios como son los del Estado, pero sin ningún programa de inversiones reproductivas. Dedicar todo a pagar salarios, salud, seguridad, educación e infraestructura significa vivir, pero siempre en crisis y siempre dependiendo de los poderes externos. Si seguimos así habrá problemas cada vez más graves por la sencilla razón de que el monto de las regalías no crecerá o disminuirá mientras la población y sus necesidades lo harán a ritmo sostenido. Por otra parte es suicida basar el futuro en una actividad como la hidrocarburífera sobre la que Neuquén no tiene soberanía, ya que las adjudicaciones y el control pertenecen al Estado nacional, más allá de que deberíamos tenerla ya que los hidrocarburos están en nuestro subsuelo. Asimismo las inversiones y las ganancias son de la actividad privada, mayormente extranjera, que decide de acuerdo con sus intereses y no con los de Neuquén.
Entonces hay que aprovechar la capacidad actual de financiamiento para sentar las bases de un escenario productivo sustentable, es decir, que no se deteriore con el tiempo. Los ejes del desarrollo de Neuquén deben ser la agricultura y la forestación, con las industrias basadas en sus productos y el turismo a gran escala, con el petróleo, el gas y la minería como apoyo y complementación, pero siempre limitados a la preservación del medio ambiente y su uso racional, ya que son no renovables. Nuestra tierra, nuestra agua, nuestros escenarios turísticos son nuestros. La redundancia enfatiza que su desarrollo económico y social significaría romper la actual dependencia con un flujo de fondos que no manejamos. Significaría, en síntesis, dejar de ser una provincia y una población demandante de subsidios y convertirnos en una comunidad oferente de productos valiosos para el mundo. Un gran cambio que impactaría sobre nuestros ingresos, pero también sobre nuestra cultura.
No es necesario exponer la totalidad de las acciones que se iniciaron, entre las cuales figuran varios canales de riego que están funcionando en áreas productivas existentes y varias nuevas, así como la promoción de inversiones agroindustriales como las del Chañar III, ya en plena producción. Sí es interesante recalcar que durante el gobierno de don Felipe se puso en marcha el proyecto Chihuido II con la presentación por iniciativa privada del grupo empresario Pescarmona. La bondad del proyecto reside en varios puntos de gran trascendencia:
-Encaja perfectamente en la visión del Plan 2020 y está ubicado en la región de Cutral Co y Plaza Huincul que sufre la grave crisis social derivada de la privatización de YPF.
-Tiene características multipropósito, generando energía y sistematizando 7.000 hectáreas bajo riego.
-Las primeras 1.000 hectáreas están destinadas a un desarrollo vitivinícola de alta tecnología por parte de Lagarde, controlada del grupo inversor. Las restantes serán objeto de pequeñas, medianas y grandes inversiones de terceros, generador de miles de puestos de trabajo.
-La obra hidroeléctrica es una concesión a 25 años, luego de la cual pasa a propiedad de la provincia.
-El flujo de fondos es adecuado y si bien la provincia no recibe ganancias durante la etapa de amortización de las inversiones, la percepción impositiva que generaría supera con amplitud cualquier cifra estimada de ganancias.
-Precisamente la actividad económica proyectada para las 7.000 hectáreas, que implican el diez por ciento de todo lo regado en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén, será de 50 millones de dólares por año.
¿Cuáles son las objeciones de Etcheverry? Veamos:
- Genera deudas al Estado provincial supuestamente desproporcionadas entre endeudamiento y la generación de puestos de trabajo.
-Pescarmona es buen lobbista del Estado y no es confiable financieramente.
-Se habría reemplazado una licitación por una adjudicación directa.
No son así las cosas. Cualquier inversión genera deudas, lo importante es saber qué se consigue con ellas. Veamos: en los primeros años deberá pagar la deuda de su erario, es decir, convertir regalías en propiedad de la represa. Luego comienza a cobrar beneficios y a los 25 años Neuquén se quedará con toda la represa, que vale 450 millones de dólares, tras lo cual puede concesionarla nuevamente o explotarla directamente. Además cobra impuestos por todo el emprendimiento multipropósito. Mucho beneficio económico para sólo 129 millones de endeudamiento. Pero es importante resaltar que el beneficio más trascendente es dar un paso muy grande hacia una provincia agroindustrial.
Todos los empresarios son lobbistas, pero es preferible que éstos sean argentinos y no europeos o norteamericanos. A Enrique Pescarmona se lo encuentra llamando por teléfono a sus oficinas de Mendoza, como cuando lo llamó Carlos Vidal desde Neuquén para ofrecerle la idea. Sin su aporte financiero, tecnológico y de capacidad empresaria no se puede hacer la obra. Con respecto a la confiabilidad, pensemos en Enron, que era confiable y no ignoremos que la licitación obliga a otorgar las garantías necesarias.
Hablando de licitación no es cierto que se haya adjudicado sin ella. Por el contrario, todo el proceso fue avalado por la Legislatura provincial y hubo dos ofertas, una de las cuales no cumplió los requisitos técnicos.
Etcheverry sostiene que con el cinco por ciento de la inversión provincial se puede hacer un canal para desarrollar esas 7.000 hectáreas, pero se olvida de que además hay que invertir en sistematización, equipamiento industrial, tecnología, desarrollo comercial y también se perdería la represa generadora. De ninguna manera con ese dinero se podría impulsar un proyecto sostenible.
Si el proyecto fue apoyado por dos gobernadores que difieren en casi todo lo demás, lo que significa una rareza política; si se trata de una inversión en un país que tiene su economía hundida; si favorece a la región neuquina más castigada por la crisis; si tiene todas las garantías y las aprobaciones legales necesarias, entonces lo que habría que discutir es cómo ayudar a su concreción.
A menos de que pensemos que nos conviene seguir en el clientelismo de las grandes empresas petroleras y generadoras de energía.
     
     
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