Absolvieron a un trabajador rural que estaba acusado de usurpación

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Cámara Primera del Crimen absolvió de todos sus cargos a un poblador rural de nacionalidad chilena y de 44 años, que había sido denunciado por sus antiguos empleadores, un abogado y su esposa.

Los hechos atribuidos a José Aureliano Chacón Silva se habrían producido entre el 16 de mayo de 1998 y fines del año siguiente en el paraje Cajón del Río Azul, a unos 15 kilómetros de El Bolsón.

El imputado había sido contratado por los denunciantes en 1991 como cuidador de la chacra de su propiedad, de 44 hectáreas, recibiendo a cambio un predio de dos hectáreas, donde residía, que le habría sido cedida por Delia Bristow y Eduardo Aurelio Algañaraz en carácter de "usufructo vitalicio", cuando ambas partes acordaron la extinción del vínculo laboral.

Los problemas comenzaron unos años después, cuando Chacón Silva comenzó a realizar trámites para reivindicar como propia la chacra de Algañaráz, y éste y su esposa iniciaron las denuncias que motivaron este juicio. Chacón Silva afirma que los enseres reclamados por el denunciante los recibió en parte de pago por las tareas realizadas, y dio excusas sobre la colocación de cadenas y candado en un galpón y una tranquera.

El fiscal Carlos López entendió que la multiplicidad de imputaciones estaban enmarcadas en un solo hecho: "las pujas entre Algañaráz y Chacón Silva". Alegó que la orfandad probatoria hacía imposible determinar si los hechos habían existido o no, pero sostuvo la acusación y propuso que condenen al imputado a 6 meses de prisión por el delito de usurpación.

El juez Alejandro Ramos Mejía consideró que Chacón Silva había cometido el delito mencionado, pero expuso que "no había actuado con el dolo que la usurpación exige", porque tramitaba una autorización de ocupación y reconocimiento de mejoras, convencido de que acreditaba derechos sobre la chacra.

El magistrado responsabilizó por ello a Delia Bristow, porque había autorizado expresamente a Chacón Silva a realizar gestiones "para introducir mejoras y obtener créditos en relación con las tierras de su propiedad", y también criticó el acuerdo alcanzado entre el imputado y el denunciante, consistente en la cesión de las dos hectáreas que ocupaba el primero, porque "resulta imposible tener un usufructo vitalicio sobre tierras del Estado". Agregó que "ello no constituye otra cosa que la sospecha de una burda maniobra en perjuicio del trabajador".